Barcelona, 16 nov (EFE).- Una jueza ha pedido a los Mossos d'Esquadra que identifiquen a los agentes que usaron espray pimienta en una protesta pro-Palestina en octubre del pasado año en Barcelona y al mando que lo autorizó, una vez la Audiencia de Barcelona le ha ordenado investigar el caso, que inicialmente archivó.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, en el marco de una huelga para pedir el fin del "genocidio" de Israel en Gaza, cuando varias personas se concentraron frente a la Estación de Sants de Barcelona para tratar de impedir que el equipo israelí de baloncesto Hapoel Jerusalem saliese hacia Manresa (Barcelona), donde tenía que jugar un partido de la Eurocopa FIBA contra el entonces Baxi Manresa, a puerta cerrada.
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En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona acuerda abrir diligencias previas a raíz de la querella interpuesta por cinco manifestantes, que denunciaron haber sufrido los efectos del uso "indiscriminado y reiterado" de espray pimienta por parte de los Mossos.
La jueza rechazó en enero pasado admitir a trámite la querella, al concluir, a partir de las imágenes aportadas por los querellantes, que la intervención policial se llevó a cabo "conforme a los protocolos internos de actuación", que establecen una gradación de medios "desde los menos a los más lesivos".
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"En lo que al uso del espray pimienta, medio no letal y autorizado, se observa que se aplicó dentro de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, sin evidencia de abuso o desproporción que justifique reproche penal", resaltó la jueza en el auto en que rechazaba abrir una investigación.
Sin embargo, los querellantes, entre ellos el diputado de la CUP Xavier Pellicer y dos sindicalistas, recurrieron a la Audiencia de Barcelona, que en abril pasado ordenó a la magistrada investigar el caso, al ver indicios de que los querellantes sufrieron lesiones como "consecuencia de la actuación policial".
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Según la Audiencia de Barcelona, la actuación policial ese día podría "a priori" entenderse "desproporcionada", a la vista del "carácter pacífico de la protesta", lo que hacía "innecesario o lesivo el método empleado para acabar con ella y dispersar" a los concentrados.
Según los querellantes, pese a que la protesta, que reunió a un centenar de personas poco antes de las 17 horas, tenía un carácter "absolutamente pacífico", los Mossos les rodearon y, sin previo aviso, empezaron a sacarles por la fuerza, en algunos casos a porrazos, y, a la vez, de forma "indiscriminada y reiterada" les rociaron con espray pimienta.
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Seis meses después de que se lo ordenara la Audiencia de Barcelona, la jueza ha acordado ahora abrir diligencias previas, al considerar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de lesiones.
Por este motivo, acuerda citar -en una fecha todavía por concretar- a los querellantes y también solicita un examen médico-forense de los lesionados.
En paralelo, la jueza también ha ordenado a los Mossos que le remitan un informe sobre esta actuación policial, que confirmen si se usó espray pimienta y, en su caso, que se identifique al agente o agentes que lo utilizaron, y si ello respondió a una orden de un mando superior.
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La jueza también solicita a los Mossos d'Esquadra que, si tienen imágenes de la intervención policial, las remitan al juzgado.
De hecho, la querella pedía que la jueza encargara las gestiones necesarias para poder identificar a los tres mossos que, según sostienen, lanzaron espray pimienta contra los concentrados, así como a los superiores que lo autorizaron u ordenaron.
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La querella, impulsada por asociaciones como Alerta Solidària, Iridia, la CGT y la Intersindical, atribuía a los agentes que usaron espray pimienta y a los mandos que eventualmente lo autorizaron u ordenaron los delitos de lesiones, contra la integridad moral, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos individuales.
El nuevo protocolo de uso de espray pimienta por parte de los Mossos, aprobado el pasado 4 de noviembre en sustitución de la normativa vigente desde 2013, establece que "no debería utilizarse en situaciones de resistencia pasiva", pero lo permite cuando "la ponderación de las circunstancias concurrentes y la evaluación de los riesgos hagan recomendable su utilización". EFE
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