Exdirigentes del Granada CF niegan haberse lucrado y defraudado a Hacienda con fichajes de futbolistas

El expresidente del Granada Club de Fútbol Enrique Pina, su expropietario Gino Pozzo y otros tres acusados han negado las acusaciones en la primera jornada del juicio en su contra por presuntamente tomar el "control" del club nazarí para lucrarse con el traspaso de jugadores.

Tras las cuestiones previas planteadas por las partes este martes en la primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional, los acusados, que junto con Pina y Pozzo son Raffaele De La Riva, titular de una presunta empresa pantalla, y el exmiembro del Consejo de Administración del Granada Jordi Trilles, así como el propio club, han negado las acusaciones ante el tribunal.

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que los acusados "pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo, que a partir de la toma del control del Granada Club de Fútbol en el año 2009, y mediante la ejecución de una compleja estrategia les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública nacional".

El Ministerio Público detalla que el mecanismo del presunto fraude consistió en "la simulación de una financiación al Granada" por parte la compañía de De la Riva Fifteen Securitisation, que tenía su sede en Luxemburgo, "bajo la forma de un contrato de cuentas en participación entre ambas entidades, lo que permitiría al club de futbol acometer el fichaje de un conjunto de jugadores profesionales, a cambio del 95% del importe de sus futuros traspasos a un nuevo club de futbol profesional".

De esta forma, habrían ocultado al fisco "los beneficios obtenidos por los traspasos" de seis jugadores, y supuestamente defraudaron en los ejercicios de los años 2013, 2014 y 2015, 635.000,01 euros, 5.914.679,10 euros, y 2.892.218,00 euros, respectivamente.

La Fiscalía subraya que esta actuación, ejecutada "principalmente por el presidente y por el titular" del club, "se llevó a cabo en nombre de la sociedad y en su provecho, ya que obtuvo un beneficio económico directamente derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades dejadas de ingresar".

Para las personas acusadas, la Fiscalía solicita 12 años de prisión y multas de 27 millones y medio de euros para cada uno, excepto para Pozzo, para quien la eleva a 36,5 millones de euros.

Respecto al Granada, como persona jurídica, el Ministerio Público reclama multa de 1.900.000 euros, y pide además para todos los acusados, "con carácter solidario y por partes iguales, abonar a la Hacienda Pública el importe correspondiente a las cuotas no ingresadas del Impuesto de Sociedades", en total 9.441.987,11 euros.