Madrid, 10 nov (EFE).- La investigación abierta sobre la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta de finales del mes de julio continúa su curso esta semana en la Audiencia Nacional con la declaración, este martes, de cuatro testigos protegidos.
Estos testigos, que fueron solicitados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, están citados en el marco de la causa abierta en septiembre por la jueza María Tardón, que considera que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".
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Las declaraciones se producen después de que la jueza haya recibido en los últimos días una batería de informes de diferentes cuerpos policiales sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio y también las jornadas posteriores.
En uno de aquellos informes, fechado el 27 de octubre, la Guardia Civil estimó que "aproximadamente 88.146" personas migrantes "podrían haber retornado" a Marruecos tras la entrada masiva, una cifra superior a la que ha dado el Gobierno hasta ahora.
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En otro, la Policía Nacional identificó a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas masivas a Ceuta, dando instrucciones en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Castillejos (Fnideq, Marruecos), próximo a la frontera del Tarajal.
La Policía situó a ambos mandos "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad" de las autoridades marroquíes, y seguirá analizando el material para "conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los vídeos y su estructura de mando".
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En el auto en el que abrió la causa, Tardón apuntó a una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos, en alusión al "constatado y gráficamente contrastado comportamiento" de las fuerzas de seguridad marroquíes durante las entradas, que considera que no tuvo naturaleza incidental, ocasional o espontánea, y en las que ve una intencionalidad de atentar contra el Estado. EFE
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