Madrid, 9 nov (EFE).- Iustitia Europea recurrirá el auto del Tribunal Supremo que rechaza suspender el derecho a voto en las elecciones del 29N a los hijos de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española, mientras que Vox esperará a conocer los términos exactos de la decisión judicial.
A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen ser descendientes de exiliados, sí podrán votar sus hijos, que son 189.678.
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La sección cuarta de lo Contencioso ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en un auto, notificado este lunes, que cuenta con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y el concurrente de otra jueza, que apoya que puedan votar pero discrepa de alguna argumentación.
Para Iustitia Europa, el Supremo no resuelve definitivamente la legalidad de las inscripciones y mantiene abierto su examen en la sentencia.
En un comunicado recuerda que el proceso se inició con su denuncia ante la Junta Electoral Central el 28 de junio y que el propio Supremo reconoce que la Administración tardó más de mes y medio en facilitar adecuadamente la relación nominal de afectados y que fueron necesarios apercibimientos expresos a los ministros concernidos.
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"No aceptamos que la demora administrativa termine convirtiéndose en una razón para dejar las comprobaciones pendientes", ha afirmado en el comunicado el presidente de Iustitia Europa y abogado director del procedimiento, Luis María Pardo.
Entiende que el Supremo reconoce argumentos esenciales de su petición, pero deniega la medida por el calendario electoral y las dificultades de ejecución.
Y recurrirá porque considera que "las garantías deben llegar cuando todavía pueden proteger eficazmente el proceso" y porque "una sentencia favorable puede llegar demasiado tarde, si los votos ya están contados", ha afirmado, de acuerdo con el voto particular emitido por uno de los magistrados.
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Desde Vox, su coordinador jurídico, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha recalcado en un mensaje en las redes sociales que si los padres han adquirido con fraude la nacionalidad española, los hijos, nietos y bisnietos también la han adquirido con fraude y que, por tanto, también debe ser suspendido su derecho a voto en estas elecciones.
Tras asegurar que aún no han recibido la notificación del auto, dice que "sería una pena que el Tribunal Supremo dejase pasar esta oportunidad de garantizar de verdad las elecciones limpias, libres y transparentes por razones puramente prácticas".
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"Vamos a esperar el auto del Tribunal Supremo, pero en cualquier caso, si el 29 de noviembre sale una mayoría suficiente para que (Pedro) Sánchez y su antiEspaña no puedan gobernar, el nuevo Gobierno pondrá fin a este fraude máximo", ha advertido. EFE
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