PP-A y Vox exigen el jueves en el Parlamento que Gobierno garantice "seguridad" en la línea Andalucía-Madrid

El PP-A y Vox defenderán el jueves en el Pleno del Parlamento, en un debate conjunto, sendas proposiciones no de ley sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en las que se exige al Gobierno central que garantice la "seguridad" en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, que en estos momentos se encuentra cerrada.

La proposición no de ley del PP-A reclama al Gobierno central "el esclarecimiento riguroso y transparente" de las circunstancias del accidente ferroviario de Urda, que se asuman "al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas" que correspondan, y que lleve a cabo, con carácter inmediato, una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, especialmente de las conexiones de Madrid con Andalucía.

En la iniciativa, se plantea que la institución exprese "su más profundo pesar por las víctimas del accidente" y reconozca la labor de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad, al tiempo que se insta al Gobierno de España a garantizar una atención integral, inmediata y continuada a todas las personas afectadas, mediante la asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y económica que resulte necesaria, así como la plena efectividad de sus derechos de información, asistencia e indemnización. Se recoge hacer "todo ello extensivo a las víctimas" del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

A continuación, se pide al Gobierno de España "el esclarecimiento riguroso y transparente de las circunstancias del accidente ferroviario mediante una investigación administrativa exhaustiva, sin perjuicio de la investigación técnica independiente y judicial, que permita determinar las causas y depurar las responsabilidades que procedan, incluidas las derivadas de posibles deficiencias en la dirección, gestión y supervisión ferroviaria".

Se le insta a realizar, con carácter inmediato, "una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, especialmente de las conexiones con Andalucía, que evalúe el estado de las infraestructuras, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y el mantenimiento, haciendo públicos sus resultados y aprobando un plan de actuaciones correctoras con financiación suficiente, responsables identificados, plazos verificables y control parlamentario de su ejecución".

Otra demanda al Ejecutivo nacional es que asuma "plenamente y al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas que le corresponden en la dirección, planificación y supervisión del sistema ferroviario de competencia estatal, sin circunscribir el esclarecimiento del accidente a posibles errores humanos individuales ni excluir el examen de las deficiencias organizativas, tecnológicas, de renovación, mantenimiento o supervisión que hubieran podido contribuir al siniestro".

También se le insta a "determinar y exigir las responsabilidades administrativas, disciplinarias y de gestión que procedan".

El PP-A también demandará en su iniciativa que el Gobierno central garantice "de manera efectiva la seguridad de los ciudadanos andaluces que utilizan los servicios ferroviarios, mediante una revisión inmediata y exhaustiva de todas las infraestructuras ferroviarias estatales que discurren por Andalucía, especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid".

Se le pide que adopte las medidas preventivas, operativas y actuaciones urgentes que resulten técnicamente necesarias, y que condicione la recuperación de los servicios afectados a la comprobación objetiva de las condiciones exigibles de seguridad, facilitando información pública verificable que "permita recuperar la confianza de los viajeros en el sistema ferroviario".

Asimismo, se pide censurar "la falta de renovación del sistema de señalización y protección ferroviaria LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuya sustitución y modernización mediante la implantación del sistema europeo ERTMS fue objeto de adjudicación por Adif Alta Velocidad en septiembre de 2021, con un plazo de ejecución de 52 meses". Se insta al Gobierno de España a explicar de forma documentada las causas de los retrasos acumulados, el grado real de ejecución y las eventuales responsabilidades derivadas de su gestión, así como a establecer un calendario definitivo y verificable para su puesta en servicio, garantizando entre tanto la fiabilidad de los sistemas existentes, la adecuada gestión de sus incidencias y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad ante cualquier fallo técnico, "sin prejuzgar las causas del accidente investigado".

De otro lado, en la iniciativa se plantea condenar la "persistente falta de ejecución efectiva de las inversiones ferroviarias estatales en Andalucía durante el período 2021-2026", y se insta al Gobierno central a aprobar una "programación plurianual de inversiones ferroviarias territorializada, suficientemente financiada y verificable".

"RECHAZO" A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

En cuanto a la proposición no de ley de Vox, se pide que el Parlamento muestra un "total rechazo a la gestión desarrollada por el Gobierno de España en materia ferroviaria, particularmente en lo relativo a la planificación, conservación, mantenimiento, seguridad y modernización de las infraestructuras, reclamando una actuación que sitúe la seguridad de los viajeros y trabajadores como prioridad absoluta".

Se insta al Gobierno de España a facilitar toda la información disponible sobre las circunstancias que han rodeado los últimos accidentes e incidencias ferroviarias, con pleno respeto a las investigaciones técnicas y judiciales en curso, a que asuma "las responsabilidades políticas que correspondan una vez conocidas las conclusiones de las investigaciones sobre los accidentes ferroviarios, garantizando en todo momento la máxima transparencia y colaboración con los organismos encargados de determinar sus causas".

Otra demanda al Ejecutivo nacional es que revise con carácter urgente la planificación de las inversiones destinadas a la conservación, mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura ferroviaria, garantizando que el incremento del tráfico ferroviario vaya acompañado de "los recursos necesarios para preservar unos niveles adecuados de seguridad, fiabilidad y calidad del servicio".

Además se pide al Gobierno central que elabore y ejecute "un plan extraordinario de mantenimiento y seguridad de la red ferroviaria, con especial atención a aquellos tramos e infraestructuras que presenten mayores niveles de utilización, acumulación de incidencias o necesidades de renovación, estableciendo prioridades objetivas y un calendario concreto de actuaciones".

Asimismo, se le pide "una auditoría externa e independiente de los contratos de obra pública adjudicados por el Ministerio de Transportes y Adif en Andalucía desde 2018, y remitir sus conclusiones" al Parlamento andaluz.