Los autónomos afrontan 2027 con la reforma del sistema de cotización bloqueada

Madrid, 1 nov (EFE).- La reforma del sistema de cotización de los autónomos y la mejora de su protección social quedan pendientes un año más, tras la congelación de las cuotas para 2026 y a la espera de que el próximo Gobierno retome la negociación.

A falta de dos meses para acabar el año y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los autónomos siguen sin conocer las cuotas que pagarán en 2027 y sin avances en una reforma que quedó bloqueada hace un año tras una polémica propuesta del Ejecutivo.

"La propuesta que ha presentado el Gobierno para subir las cotizaciones a los autónomos en 2026 es un nuevo sablazo", afirmó el 13 de octubre de 2025 el presidente de ATA, Lorenzo Amor, tras la primera reunión con el Ministerio de Inclusión para abordar los tramos de cotización para este año en base a los cambios pactados en 2022.

Dicho año, Gobierno y asociaciones de autónomos firmaron un acuerdo que estableció un sistema progresivo para ajustar las cotizaciones a los ingresos reales y mejorar las prestaciones.

La hoja de ruta fijó un primer esquema para 2023-2025 y el compromiso de negociar nuevas cuotas cada tres años, hasta culminar en 2032 la adaptación a los ingresos reales.

Sin embargo, la negociación del periodo 2026-2028 quedó bloqueada tras la propuesta del Ministerio, que elevaba en 17 euros la cuota más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y en 206 euros la más alta, hasta los 796,24 euros.

Ante las críticas de las asociaciones de autónomos y los partidos, el Ejecutivo decidió congelar las cotizaciones para 2026 con la intención de retomar la negociación este año, pero tampoco se han producido avances formales.

Junto a los nuevos esquemas de cuotas, también ha quedado pendiente avanzar en las mejoras de las prestaciones sociales de los autónomos que, por ejemplo, sufren una brecha significativa en materia de pensiones.

La pensión media de los autónomos es unos 500 euros inferior a la del conjunto del sistema y cerca de 700 euros menor que la del régimen general, según datos de la Seguridad Social.

Unas diferencias que también existe en el "paro" de los autónomos, la denominada prestación por cese de actividad, que ha quedado sin reformar y que está entre las reivindicaciones del colectivo de cara a la próxima legislatura.

Así, desde ATA reclaman que la prestación por cese de actividad sea automática cuando se produzca una baja censal en Hacienda, y en el caso del cese temporal, que se otorgue cuando haya una caída de los ingresos del 50 %.

También piden extender el subsidio para mayores de 52 años al colectivo y el acceso a la jubilación activa cobrando el 100 % de la pensión desde el primer día (y no desde el cuarto año), con mayores incentivos.

UPTA, por su parte, reclama que se siga con la actualización progresiva de las bases de cotización, evitando pérdidas de poder adquisitivo de las futuras pensiones, al tiempo que se revisa y simplifica el acceso a la prestación por cese de actividad.

Asimismo, piden una estrategia progresiva de mejora de las bases de cotización y de las futuras pensiones, reforzar los mecanismos de complemento a mínimos y mejoras en las de aquellos con largas carreras de cotización, así como un subsidio para autónomos mayores de 52 años.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en septiembre había 3,5 millones de autónomos afiliados a la Seguridad Social, la mayor parte al RETA (3,49 millones), la mayor parte hombres (2,2 millones) y de nacionalidad española (2,9 millones).

La mayoría de los autónomos trabajan en el sector servicios (2,6 millones), principalmente en el comercio y la construcción, y la mayor parte, tres millones, no tiene asalariados, en tanto que los que sí que tienen dan trabajo a 1,15 millones de trabajadores.

El colectivo está principalmente compuesto por autónomos personas físicas (dos millones) y socios de sus empresas o miembros de órganos de administración (algo más de un millón).

Respecto a su base de cotización, 926.441 autónomos cotizan por la base mínima y casi dos millones entre 1 y 1,5 veces la mínima, mientras que 472.000 tienen tarifa plana. EFE

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