Madrid, 1 nov (EFE).- Convertida en uno de los temas de actualidad y de mayor impacto en la sociedad, los expertos consideran que la inteligencia artificial debe estar en el centro de las agendas ante las próximas elecciones, y reclaman a los partidos medidas para reducir una peligrosa dependencia tecnológica y para proteger a los colectivos más vulnerables (menores, mayores o mujeres).
El Reglamento Europeo de IA es un buen punto de partida, aunque insuficiente, según las especialistas consultadas por EFE, que han apostado por una regulación internacional coordinada para establecer reglas globales comunes, pero también por políticas públicas nacionales para conseguir modelos de IA propios y más sostenibles.
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Alicia Troncoso es catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Pablo de Olavide y presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA); Idoia Salazar preside el Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA (rebautizado ahora como Fundación OdiseIA4Good). Las dos coinciden en que esa dependencia del exterior y los impactos negativos de esta tecnología exigen políticas públicas urgentes a las que los partidos no pueden ser ajenos.
La IA está ya teniendo un impacto negativo en determinados grupos -como las mujeres-, aumentando las desigualdades económicas y territoriales y agrandando la 'brecha digital', ha señalado a EFE Troncoso, y ha advertido que los grandes modelos que se están usando son propiedad de empresas que no están localizadas en España ni en la UE y si desaparecieran o encarecieran de una forma abusiva "nos podemos ver avocados a una paralización de muchos sistemas informáticos provocando el caos".
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La catedrática ha señalado que los modelos que se están usando de forma masiva no son sostenibles y el consumo energético recaerá al final en la ciudadanía.
A su juicio, el Reglamento Europeo "es el comienzo de un largo camino" pero es necesaria una mayor regulación y fijar responsabilidades si un sistema de IA se despliega en el mundo real y comete errores, porque la línea que separa los diferentes modelos según su riesgo (prohibido, alto, medio y bajo) es muy delgada, y augura pronto se va a quedar no obsoleto, pero sí incompleto.
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Troncoso ha aseverado que se trata de una tecnología global en un mundo globalizado y que el único camino por lo tanto es conseguir un reglamento internacional, ya que muchos de los grandes modelos de IA se desarrollan y alojan en otros países y no están obligados a cumplir los estándares europeos.
Y tras señalar que la ONU ya trabaja en una gobernanza internacional de la IA, la presidenta de la AEPIA ha incidido en la importancia de atender muchas consideraciones con respecto a las desigualdades territoriales, ya que los países menos desarrollados, en los que aún no se cumplen algunos de los derechos humanos, tienen necesidades muy diferentes a las de los países desarrollados.
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Idoia Salazar ha apostado por "rediseñar" las políticas educativas para que la sociedad aprenda el impacto de la IA, no con nuevas asignaturas pero sí incentivando nuevas habilidades, para que las personas sepan proteger su huella digital, mantener su privacidad y utilizar las tecnologías con espíritu crítico, y por enfoques específicos para los colectivos más vulnerables (como los menores o los mayores).
Según la presidenta del Observatorio de la IA el Reglamento Europeo es "un buen punto de partida" y acierta al apostar por una regulación centrada en los riesgos de esta tecnología, pero echa de menos, además de una campaña de comunicación que facilite su comprensión, herramientas "oficiales" fáciles de usar y gratuitas para simplificar su cumplimiento en pequeñas y medianas empresas.
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Idoia Salazar teme que a la velocidad que avanza la tecnología la norma europea pueda quedarse pronto obsoleta, por lo que defiende una revisión permanente y la implementación de medidas éticas que abarquen desde el diseño hasta el desarrollo de estos sistemas, y aunque percibe que ya existe a nivel internacional un consenso sobre los aspectos que más hay que cuidar, falta concretar como llevarlo a la práctica afectar al desarrollo de negocios o al propio desarrollo de esta tecnología.
Desde la Fundación Hermes, que centra parte de su labor en la promoción y la defensa de los derechos digitales, ha incidido, de cara a las próximas elecciones, en que los programas acompañen el impulso de la IA con compromisos concretos para proteger los derechos fundamentales, ha señalado como "prioridad" la protección de los menores y ha apuntado en ese sentido la oportunidad de recuperar el proyecto de ley para proteger a los menores en entornos digitales.
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Esta organización ha enfatizado también la necesidad de abordar la concentración de poder de las grandes plataformas y de los 'hiperescaladores' -los grandes proveedores de infraestructura de nube y computación-, para que tengan obligaciones "claras" y existan y autoridades con capacidad efectiva para exigir su cumplimiento. EFE
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