La jueza de las VPP da "un plazo inexcusable de cinco días" al Ayuntamiento de Alicante para que aporte documentación

La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el Residencial Les Naus de Playa de San Juan, construido sobre un suelo municipal que fue enajenado, ha instado a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante a que "en un plazo inexcusable de cinco días" a partir de recibir ese requerimiento "aporten la documentación" que le fue pedida en un oficio del pasado 7 de octubre.

Así se desprende de una providencia con fecha de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la magistrada advierte al consistorio "de que en caso de nuevo incumplimiento podría incurrir en las responsabilidades a que hubiere lugar en derecho".

Según detalló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza solicitó al Ayuntamiento información sobre si llevó a cabo alguna actuación en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal desde el acuerdo de la junta local de gobierno que aprobó su valoración, del 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año.

En una providencia, requirió en este sentido a los Servicios Jurídicos de la corporación local que remitiera toda la documentación relativa a esa cuestión, incluidas las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación o las habidas "en el interior de cada concejalía", así como "peticiones de informes" o "informes emitidos".

También hizo hincapié en la necesidad de que aportara "toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela", así como sobre la "decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente" o el "alzamiento de la suspensión".

Por último, reclamó al consistorio que informara, y aportara toda la documentación y comunicaciones al respecto, sobre si dio alguna publicidad al acuerdo de la junta de gobierno del 10 de julio de 2018, al margen de la publicación en la Plataforma de Contratación.

Por otro lado, en la providencia de este miércoles, la magistrada ha reiterado al grupo investigador de blanqueo de capitales de la Policía Nacional "el cumplimiento" de un oficio del 23 de febrero. Cabe recordar que la instructora autorizó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de este cuerpo de seguridad a recopilar información y a comenzar con las pesquisas policiales sobre los hechos.