Barcelona, 26 oct (EFE).- El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al 29N, Ernest Urtasun, ha condenado "sin ningún pero" los disturbios registrados este sábado en Barcelona, al tiempo que ha alertado de que la derecha tratará de "criminalizar" protestas pacíficas que no tienen nada que ver con estos hechos.
En rueda de prensa en la sede del partido, Urtasun ha dicho que esos "actos de vandalismo" se deben investigar para identificar a los responsables y ha pedido revisar también "cuál ha sido el papel de las plataformas".
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Ha dicho que su espacio político no va a "permitir" que los partidos de derechas usen esos actos vandálicos para "criminalizar la organización ciudadana pacífica" en cuestiones como el apoyo a Palestina o contra la crisis de la vivienda.
En este sentido, ha señalado el "nerviosismo" que ve en las filas del PP de Alberto Núñez Feijóo porque su partido va "cuesta abajo en las encuestas" y "la emergencia del Frente Amplio está cambiando la conversación".
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Eso explica, ha sostenido, que los populares y Vox exploren ahora posibles acuerdos en el Senado.
Urtasun ha tildado a PP y Vox de "encargados de los oligarcas globales". Ha afirmado que ya han propuesto recortar pensiones y una reforma fiscal que favorecerá a las clases más privilegiadas y que el "último nicho" que les queda por explorar es el del sector público y en concreto las empresas con participación pública del sector energético.
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"Una mayoría de PP y Vox conllevaría una nueva ronda de privatizaciones", ha augurado.
El ministro ha celebrado también los resultados electorales de este domingo en Brasil, donde se ha impuesto Lula Da Silva, y en Serbia, donde ha ganado la lista opositora a Aleksandar Vucic.
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A su juicio, estos dos comicios dan cuenta de que existe "un cambio de tendencia claro en el avance de la oleada reaccionaria", que "parecía imparable" y se demuestra que "no lo es".
También ha alertado de que las derechas españolas pueden actuar del mismo modo que lo hace Flávio Bolsonaro en Brasil, es decir, cuestionando la legalidad del proceso electoral. EFE
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