Un hombre acusado de quebrantar una orden de alejamiento, maltratar y agredir sexualmente a su expareja, en Ferrol, ha negado los hechos que se le imputan.
"No se corresponden con la realidad", ha manifestado la abogada de la defensa, en declaraciones a Europa Press, antes del inicio del juicio que se celebra este lunes a puerta cerrada en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, y que continuará el próximo miércoles, día 28.
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"Pido la libre absolución", ha recalcado la letrada tras incidir en que "los hechos que imputa la acusación no se corresponden con la realidad". Fiscalía pide para él entre 27 y 32 años de cárcel por diversos delitos.
Según el escrito del Ministerio Público, los hechos se remontan a junio de 2025, el acusado supuestamente habría incumplido una orden de protección que le prohibía aproximarse a su expareja a menos de 300 metros y comunicarse con ella.
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El hombre, añade, habría contactado telefónicamente con la mujer y ambos acordaron encontrarse en una vivienda para hablar sobre un juicio por malos tratos que iba a desarrollarse la semana siguiente.
BOFETADAS Y AGRESIÓN SEXUAL
De acuerdo con la acusación, durante la noche del 1 de julio, el hombre habría iniciado una discusión con su expareja, le habría arrebatado el teléfono móvil para revisar sus conversaciones privadas y le habría propinado varias bofetadas. Fiscalía sostiene que, posteriormente, la agredió sexualmente con penetración, pese a la negativa expresa de la mujer a mantener relaciones sexuales.
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Los hechos habrían continuado al día siguiente, cuando la víctima intentó abandonar la vivienda. Fue ahí cuando el acusado supuestamente la habría sujetado por la fuerza, roto su teléfono móvil para impedir que pidiese ayuda y vuelto a agredirla mediante golpes, patadas y mordeduras.
En este sentido, el escrito describe también episodios en los que supuestamente la agarró del cuello, golpeó su cabeza contra una pared y la llevó hasta un balcón, donde habría intentado sacarla al exterior por encima de la barandilla.
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AMENAZAS "DE MUERTE"
La Fiscalía relata, además, que el acusado habría amenazado de muerte a las personas presentes, armado con dos cuchillos, y que habría presionado las armas contra el abdomen y el cuello de su expareja, llegando a causarle varias heridas punzantes en una pierna.
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Finalmente, los agentes de la Guardia Civil acudieron al domicilio tras recibir el aviso de una de las personas presentes. Según el escrito, el acusado huyó por el balcón hacia el tejado de la vivienda y fue detenido el 2 de julio de 2025, acordando su prisión provisional, comunicada y sin fianza, dos días después.
A raíz de estos episodios, la víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellas hematomas en la cara y las orejas, mordeduras, lesiones en el cuello, contusiones y heridas punzantes en un muslo. También presentó una reacción de estrés agudo y mantiene secuelas psicológicas.
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FISCALÍA PIDE DE 27 A 32 AÑOS
El Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de ocho categorías delictivas: quebrantamiento de medida cautelar, descubrimiento de secretos, maltrato en el ámbito de la violencia de género, agresión sexual con penetración, coacciones, tres delitos de amenazas graves, daños continuados y homicidio en grado de tentativa. Como alternativa a este último, plantea un delito de lesiones agravadas.
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Así, el acusado se expone a 32 años, 1 mes y 15 días de prisión en el caso de aplicarse el delito de homicidio en grado de tentativa, y a 27 años 1 mes y 15 días de cárcel, en el caso de aplicarse el de lesiones agravadas.
Además, Fiscalía solicita también prohibiciones de aproximación y comunicación respecto de las víctimas, así como otras penas accesorias. Para los delitos de agresión sexual y homicidio en grado de tentativa interesa, además, la imposición de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión.
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INDEMNIZACIÓN
En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a su expareja con 30.000 euros, de los cuales 20.000 corresponderían al daño moral y 10.000 a las secuelas psicológicas descritas en el escrito. A esta cantidad se añadirían las indemnizaciones que se determinen por los días de curación de las lesiones y por los daños sufridos en el teléfono móvil.
Para la segunda mujer perjudicada, a la que el acusado supuestamente amenazó con unos cuchillos, el Ministerio Público solicita una indemnización de 200 euros. También reclama el abono de los gastos sanitarios correspondientes al Servizo Galego de Saúde (Sergas), cuya cuantía deberá determinarse en ejecución de sentencia.
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