La Fiscalía rebaja a un año y once meses la petición para el alcalde de Estepona (Málaga) por una contratación

La Fiscalía de Málaga ha emitido un nuevo escrito de acusación en la causa contra el alcalde de la localidad malagueña de Estepona, José María García Urbano, por la contratación de una persona en el Ayuntamiento durante un periodo de 46 días, al cual no realizó trabajo alguno, y ha rebajado la petición de pena a un año y once meses de prisión, en vez de los cinco años y medio solicitados inicialmente.

Este nuevo escrito se produce después de que el pasado mes de mayo la Audiencia de Málaga acordara dejar sin efecto el auto por el que se decidió seguir el caso contra el regidor por el trámite del Tribunal del Jurado, al estimar de forma parcial el recurso de la defensa, e instaba a que se acomodara la causa al trámite de procedimiento abreviado.

En ese momento, el juzgado del caso dictó una nueva resolución en la que se disponía que se siguieran las actuaciones por ese trámite contra el alcalde y también contra una mujer investigada por su presunta participación en delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación; así como que se diera traslado de las diligencias al fiscal y a las acusaciones para que solicitaran la apertura de juicio oral o el archivo, un trámite que ya se había realizado y que se tenía que volver a producir.

El fiscal acusaba a García Urbano de un delito de prevaricación y de otro de malversación, solicitando cinco años y medio de prisión. Pero, en el nuevo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y fechado en este mes de octubre, se le acusa de un delito de prevaricación cometido por autoridad en concurso medial con otro de malversación, solicitando la pena de un año y once meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por cinco años y once meses.

En esta causa se ha investigado la contratación de una mujer con la que el alcalde tenía una "relación sentimental". El contrato fue como funcionaria eventual en el Ayuntamiento "a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna". La contratación se hizo mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, "en connivencia" con la acusada, cesando el 31 de marzo del mismo año.

En ese tiempo, la acusada percibió 1,634 euros de febrero y 3.642 euros de marzo, de forma que presuntamente se "apropió la misma de tales cantidades sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal", según las nuevas conclusiones iniciales del ministerio público.

Se añade que una vez iniciado el procedimiento, en noviembre de 2026 el acusado procedió a ingresar en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento la cantidad de 5.276 euros correspondiente al dinero percibido por la procesada; y en junio de este año, ingresó 2.589 euros correspondientes a los gastos de cotización a la Seguridad Social, "salvándose así todos los gastos generados".

En el caso de la procesada, se agrava la petición de pena por parte de la acusación pública y se solicita cuatro años y medio de cárcel por los mismos delitos en concurso, mientras antes se pedía tres años y seis meses de prisión.

En el caso de la acusación del PSOE, para el alcalde antes pedía la pena de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; mientras que ahora eleva la petición a cinco años y medio de cárcel y a diez años de inhabilitación. También acusa a la mujer y pide pena de prisión.

LA DEFENSA

La defensa del alcalde presentó recurso ante las resoluciones en las que se acordaba transformar la causa, pidiendo el archivo, lo que ahora ha sido desestimado. Los letrados de García Urbano han manifestado su disconformidad con el auto judicial y ha anunciado que presentará el correspondiente recurso al considerar que "no existe ningún indicio delictivo que justifique la continuación del procedimiento".

La defensa ha argumentado que se ha acreditado con informes municipales del departamento de Recursos Humanos las funciones que se desempeñan en ese puesto, así como el servicio prestado con esa contratación. Asimismo, se añadieron testimonios testificales "sobre la asistencia y el trabajo que realizaba esa persona". Es más, han indicado a Europa Press que "el propio auto reconoce su presencia en el Ayuntamiento".

Desde la defensa se ha insistido en que "no se ha cometido ningún delito y que existe absoluta tranquilidad ante este procedimiento", por lo que se muestran convencidos de que las actuaciones judiciales "permitirán demostrar la falsedad de las acusaciones y acreditar que la contratación se desarrolló sin que se cometiera ilícito penal alguno".

Han recordado que este asunto judicial deriva de "una declaración falsa, que en calidad de testigo, esa persona formuló en otro procedimiento judicial contra el alcalde, que ya fue archivado de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga al demostrarse la falsedad de las acusaciones realizadas y el interés de desprestigiar públicamente al alcalde".

Es más, han incidido en que tras el archivo de esta denuncia "volvió a presentar otra denuncia contra el alcalde, por los mismos hechos, que también quedó archivada de forma definitiva, evidenciando así su objetivo de dañar la imagen pública del regidor".

Asimismo, han apuntado que el auto ha reconocido que esa declaración que prestó esa persona en condición de testigo "es nula, y que al haber sido llamada posteriormente al procedimiento en condición de investigada no ha ratificado sus palabras, y por tanto, su acusación contra el alcalde".

La representación legal considera que este procedimiento se enmarca "en una estrategia de desgaste político y personal dirigida a perjudicar la imagen pública del alcalde y a cuestionar su trayectoria al frente del Ayuntamiento de Estepona". Frente a ello, García Urbano "mantiene su compromiso con la ciudad y la confianza en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos y poner de manifiesto que no se ha cometido ninguna ilegalidad", han finalizado.