Casi 700.000 niños viven en hogares que dedican más del 40 % de sus ingresos a vivienda

Madrid, 21 oct (EFE).- Más de 672.000 menores viven en hogares que sufren una sobrecarga económica, es decir, que dedican más del 40 % de sus ingresos a pagar la vivienda, incluyendo los gastos de alquiler o hipoteca y los servicios, según informe de la Plataforma de Infancia.

Las dificultades económicas no solo limitan el acceso a una vivienda, sino también la posibilidad de mantenerla en condiciones adecuadas, advierte el estudio elaborado con datos del módulo de vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida 2026, del Instituto Nacional de Estadística.

Cerca de 1,2 millones de niñas, niños y adolescentes en España -el 15,5 %- vive en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada.

Además, casi la mitad -el 47 %- de los hogares con menores en situación de pobreza y/o exclusión social declaran necesitar reformas para adecuar la calefacción o mejorar el aislamiento térmico, pero solo el 13,7 % las ha podido realizar para mejorar la eficiencia energética de su vivienda en 2025.

Entre los hogares vulnerables, el 86,8 % señala motivos económicos como impedimento para las reformas.

Las dificultades también se manifiestan en las posibilidades de cambiar de vivienda: el 16 % de los hogares con niños en situación de pobreza fracasan en la búsqueda de vivienda.

"La vivienda no puede convertirse en un factor que condicione el bienestar y las oportunidades de niñas y niños desde sus primeros años de vida. Cuando una familia tiene que destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar una vivienda, dispone de menos recursos para cubrir otras necesidades básicas de la infancia", señala Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia.

La entidad recuerda que garantizar el acceso a una vivienda adecuada es proteger sus derechos y evitar que la pobreza se transmita de una generación a otra.

La Plataforma de Infancia reclama ampliar el parque de vivienda social y protegida y construir 1,5 millones de viviendas protegidas para aproximarse a la media europea e incrementar hasta los 50 años el periodo de protección de las viviendas sociales.

Asimismo, propone impedir que los grandes tenedores compren viviendas que hayan formado parte del parque de vivienda social, mejorar las ayudas a las familias vulnerables y crear una prestación específica para evitar la sobrecarga del gasto en vivienda en las familias vulnerables con menores a cargo.

Por último, la organización reclama que no se produzcan desahucios de hogares vulnerables sin una alternativa habitacional e insta a reforzar la protección de las familias que se enfrentan a desahucios por dificultades económicas y a garantizar un seguimiento especializado de los procedimientos que afecten a niñas y niños. EFE