
Cobrar el salario mínimo interprofesional no garantiza recibirlo íntegro a final de mes si trabajas recogiendo aceituna. “Lo que se aplica es salario día”, explica José Hurtado, secretario general de CCOO Industria Andalucía.
En los contratos temporales de hasta 120 días con la misma empresa, el mínimo legal asciende a 57,82 euros brutos por día, pero una semana de lluvia puede dejar el salario mensual por debajo de 900 euros antes siquiera de descontar transporte, alquiler o cotizaciones.
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Una persona que completara 20 jornadas cobraría 1.156,40 euros brutos. Si una semana laborable de cinco días se pierde por la meteorología y solo logra trabajar 15 jornadas, la cifra baja a 867,30 euros, antes de descontar transporte, alquiler o cotizaciones. “Cobran cuando trabajan, cuando no trabajan, no cobran”, resume Hurtado.
Las organizaciones agrarias han advertido de dificultades para reunir cuadrillas durante la recolección. CCOO sostiene que esa dificultad está ligada a campañas cortas, ingresos inestables y pocas ayudas para quienes deben desplazarse.
Menos protección para quienes enferman o se lesionan
La irregularidad de las jornadas no solo condiciona la nómina de cada mes. También puede reducir la protección de quienes enferman o sufren una lesión durante la campaña.
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Hurtado sostiene que una persona que no haya acumulado suficiente cotización antes de una baja puede recibir una prestación muy reducida. “Si no tiene las cotizaciones de los 120 días, lo mismo empieza a cobrar cuatro o cinco euros por día de baja”, afirma.
Según CCOO, depender de jornadas cortas y discontinuas dificulta acumular cotización suficiente para recibir una prestación por incapacidad temporal que permita sostener los ingresos durante una baja, a diferencia de otros empleos de mayor duración y con ingresos mensuales más estables.
El salario mínimo ha reducido las diferencias entre categorías
Hurtado sitúa otro problema en los convenios provinciales del campo. En provincias como Córdoba, Málaga o Sevilla, la campaña de aceituna queda bajo convenios generales que también regulan otras tareas agrícolas, desde la siembra hasta la recolección de productos distintos.
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“El salario mínimo interprofesional se ha comido, de forma generalizada, todas las categorías”, sostiene. Según CCOO, las tablas salariales no siempre distinguen de forma suficiente entre un peón de recogida y un trabajador que maneja vibradores u otra maquinaria. Esa falta de diferenciación dificulta atraer perfiles cualificados, explica el representante sindical.
Por su parte, Jaén cuenta con un convenio más ligado al olivar y con salarios superiores, recuerda Hurtado, mientras que en otras provincias se aplica el convenio general del campo.
El fijo discontinuo puede funcionar como una “bolsa de empleo”
El contrato fijo discontinuo debería aportar continuidad a quienes regresan cada campaña a la misma explotación. Para ello, CCOO defiende que el llamamiento siga reglas claras, como la antigüedad.
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Hurtado considera que esta figura se ha “contaminado” en parte del sector. “El fijo discontinuo en lo que se ha convertido es como en una bolsa de empleo”, afirma. Según el sindicato, si no existe un orden de llamamiento definido, el contrato puede operar como una lista de trabajadores de la que la empresa elige en función de sus necesidades en cada campaña.
“Cuanto más flexible sea el llamamiento, menos sentido tiene el fijo discontinuo”, añade. CCOO alerta de que esa flexibilidad puede reducir la seguridad de quien espera volver a trabajar al año siguiente, pese a tener un contrato fijo.
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Buscar vivienda “para un mes y medio” corre por cuenta del trabajador
La duración limitada de la campaña añade otro obstáculo para quienes se desplazan. Hurtado calcula que la recogida suele ofrecer contratos “de un mes o, como mucho, un mes y medio”. Quien llega desde otra provincia debe asumir el viaje, el combustible y, en muchos casos, el alquiler temporal.
“Si alguien se tiene que desplazar de una provincia a otra, pues tiene que ser por sus propios medios”, señala el responsable sindical. “El empresario no tiene obligación de cubrirle dónde vivir en el periodo de la campaña”.
Esta realidad contrasta con la Orden de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO). Este modelo regula la contratación colectiva de personas que no residen en España y, en los programas de migración circular, obliga a la empresa a garantizar alojamiento durante todo el periodo de actividad.
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Esa garantía no se extiende a quienes ya viven en España y se desplazan desde otra provincia para recoger aceituna durante unas semanas. Hurtado compara esta situación con la vendimia francesa: “Por eso se va la gente a Francia, en vendimia, porque se le pone vivienda y se le pone un salario que está por encima del nuestro”.
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