Los bomberos forestales alzan la voz ante el 29-N tras un verano de incendios devastadores

Madrid, 20 oct (EFE).- En pleno episodio de lluvias torrenciales y tras un verano de incendios devastadores, dos amenazas agravadas por el cambio climático, los bomberos forestales llevan sus demandas a las próximas elecciones generales: acabar con jornadas maratonianas de hasta 24 horas, reconocimiento de sus enfermedades profesionales y el pleno desarrollo de la ley de 2024.

Estas demandas llegan tras un verano catastrófico en incendios forestales, con grandes fuegos que afectaron a comunidades como Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En lo que va de año las llamas han arrasado más de 300.000 hectáreas en España, una superficie que triplica la media de las últimas dos décadas.

En declaraciones a EFE, Carlos Martín, jefe de Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), ha pedido a los políticos, con vistas a las elecciones del 29 de noviembre, implementar de forma completa la ley básica estatal de bomberos forestales que, aprobada en noviembre de 2024, sigue aún pendiente de desarrollo y cuyo plazo legal expiró a finales de 2025.

Entre ellos destaca un reglamento específico de prevención de riesgos laborales, regular las jornadas de trabajo en lo incendios y el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

Martín ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha hecho "dejadez en funciones" y "no ha movido absolutamente nada" para sacar adelante estas medidas, pese a que se le han remitido documentos de trabajo para facilitar su elaboración.

La primera de estas cuestiones es la aprobación de un reglamento específico de prevención de riesgos laborales que atienda las particularidades del trabajo de los bomberos forestales, especialmente la exposición a gases tóxicos y los protocolos de limpieza de los equipos de protección individual (EPI).

La segunda es la regulación de las jornadas de trabajo adaptada a las condiciones de estos profesionales: "este verano compañeros han denunciando hasta 24 horas de trabajo continuado", ha advertido Martín, quien ha recordado que se trata de una actividad con una elevada carga física con riesgo de "estrés térmico y psicológico".

La tercera reivindicación se refiere al reconocimiento de las enfermedades profesionales. La ley contempla la creación de una comisión encargada de evaluar qué patologías asociadas a esta actividad deben incorporarse al catálogo de enfermedades profesionales, una tarea que aún "no se ha abordado".

Entre las enfermedades destaca lesiones musculoesqueléticas, pérdida de audición por el uso continuado de maquinaria ruidosa o por los desplazamientos en helicóptero y los cánceres relacionados con la exposición a gases tóxicos durante los incendios.

También ha reclamado más importancia en tareas preventivas, desde la identificación de urbanizaciones y municipios especialmente vulnerables hasta la planificación de rutas de evacuación y la información a la población sobre actuaciones en caso de incendio.

Más allá del desarrollo de la ley, Martín ha pedido a los partidos una reforma del modelo de organización de los dispositivos de prevención y extinción, mediante la creación de un "cuerpo profesional estructurado en todas sus categorías".

Según ha explicado, una parte de las responsabilidades de dirección y coordinación de fuegos recae en técnicos administrativos o en agentes medioambientales cuya actividad habitual no siempre está directamente relacionada con la extinción: "no son bomberos forestales".

En este punto, ha reclamado una formación mínima, común y obligatoria para todos los profesionales en extinción de incendios con contenidos, duración y protocolos de seguridad "definidos y coordinados" desde la Escuela Nacional de Protección Civil.

El objetivo, ha explicado, es que todos "hablen un mismo lenguaje, un mismo argot, trabajen sobre las mismas pautas y tengan los mismos protocolos de seguridad", algo que, asegura, a día de hoy no sucede.

A su juicio, dicha escuela desempeñaría un papel fundamental en la definición de ese marco formativo común, que considera necesario establecer por ley, para garantizar una preparación homogénea de los profesionales, independiente del dispositivo al que pertenezcan.

A parte de la profesionalización del sector, Martín ha defendido un pacto de Estado que permita destinar recursos a la gestión del paisaje y recuperar actividades económicas en desuso, como la ganadería extensiva bajo criterios de conservación, par "dinamizar y reequilibrar la estructura de la masa forestal".

Para ello, es necesario que el medio forestal deje de percibirse como una actividad marginal y se convierta en "una opción de vida y de desarrollo personal y profesional atractivo e integrado en el modelo económico".

Se trata, según argumente, de preservar unos beneficios ambientales sin un valor económico reconocido, pero que resultan esenciales para mantener las condiciones de vida actuales, cada vez más amenazadas por la alteración del medio natural. EFE

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