La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

Sacar dinero, realizar una transferencia o resolver una gestión bancaria en persona se ha convertido en una tarea más complicada para miles de habitantes de la España rural. Desde el máximo de septiembre de 2008, cuando el país contaba con algo más de 45.000 sucursales, han desaparecido el 63%, lo que supone cerca de 28.000 oficinas menos.

Pese a este retroceso, la desaparición de una sucursal no siempre implica quedarse sin acceso al efectivo. Los cajeros desplazados, las oficinas móviles, los agentes financieros, Correos y determinados comercios han contribuido a cubrir parte del vacío. Según los datos del Observatorio de Inclusión Financiera del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), al cierre de 2025 España disponía de 83.964 puntos de acceso a servicios financieros si se contabilizan todas estas alternativas.

La brecha, sin embargo, continúa existiendo. En total, 2.072 municipios carecían de cualquier punto de acceso físico a servicios bancarios, aunque se trata de localidades con una media de apenas 142 habitantes. En ellas reside una parte reducida de la población española: el 0,6%, según el observatorio. La cifra refleja una mejora respecto a años anteriores, pero también evidencia las dificultades que persisten en los territorios más despoblados.

El cerrojazo de oficinas pierde velocidad, pero la red sigue menguando

Durante 2025, la reducción de sucursales fue más moderada que en etapas anteriores. Las entidades cerraron 276 oficinas y dejaron la red en 17.101 sucursales en todo el país. Aun con esta disminución, España mantiene la tercera red de oficinas bancarias más densa de la Unión Europea, según los datos presentados por Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE.

La evolución de los cajeros también muestra una tendencia menos pronunciada a la baja. El número aumentó en 138 unidades durante 2025, aunque el balance acumulado desde 2008 sigue siendo negativo: la red ha perdido el 30% de sus terminales. Pese a ello, España conserva una densidad de cajeros un 16% superior a la media europea.

Ello hace que el 3,21% de la población viva en municipios sin oficina bancaria, pero el porcentaje cae al 2,23% si se incluyen los cajeros. Con las oficinas móviles, los agentes financieros y los servicios de Correos, la proporción continúa descendiendo hasta situarse en el 0,6% cuando se contabilizan también cajeros privados, establecimientos y comercios.

Castilla y León concentra las mayores dificultades

El mapa territorial revela que el problema no se distribuye de manera uniforme. Castilla y León encabeza la clasificación autonómica, con un 5,6% de su población residente en municipios sin puntos de acceso a servicios financieros. Navarra ocupa el segundo lugar, con el 4,84%, seguida de Aragón, donde el porcentaje alcanza el 2,43%.

Por provincias, las diferencias son aún más llamativas. Zamora presenta la situación más desfavorable: el 21% de sus habitantes vive en municipios sin ningún punto de acceso financiero. En Salamanca, la proporción asciende al 15,3%, mientras que en Cuenca alcanza el 8,4%. Estas cifras muestran cómo la dispersión territorial y el reducido tamaño de muchas localidades complican la prestación de servicios presenciales.

La dimensión del problema no depende únicamente de la existencia de una oficina. Para las personas mayores o para quienes tienen dificultades con las herramientas digitales, disponer de un cajero cercano o de un servicio móvil puede resultar determinante. Por eso, medir la inclusión financiera exige observar no solo cuántas sucursales sobreviven, sino también qué alternativas funcionan y hasta qué punto son accesibles para los vecinos.

Cajeros móviles y oficinas itinerantes, las soluciones más eficaces

Las medidas adoptadas en los últimos años han permitido reducir la exclusión financiera. Según Maudos, al finalizar 2025 había 1.058 municipios menos excluidos que en 2021 y la población afectada había disminuido un 55%. Además, solo quedaba un municipio de más de 2.000 habitantes sin ningún punto de acceso a servicios bancarios, de acuerdo con los datos presentados por el investigador.

Entre las iniciativas con mejores resultados figuran los cajeros desplazados. En municipios de más de 500 habitantes que carecían de sucursal, esta fórmula habría permitido recuperar el acceso a servicios financieros para 417.000 personas. Las oficinas móviles ocupan el segundo lugar, con 300.000 personas beneficiadas, según las cifras expuestas por el responsable del IVIE.

El uso de otras alternativas, no obstante, plantea interrogantes. Enrique Alberola, coordinador del grupo de Inclusión y Salud Financiera del Banco de España, ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que se están analizando las razones por las que Correos Cash, el servicio que permite obtener efectivo a través de la red postal, tiene una utilización reducida.

Una de las posibles explicaciones es que el procedimiento comienza por teléfono, pero después requiere consultar un enlace web recibido por SMS, un paso que puede dificultar el acceso a quienes tienen menos habilidades digitales.

La educación financiera entra en el debate

Más allá de la infraestructura, el sector bancario reclama reforzar los conocimientos económicos de la población. María Abascal, directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), ha defendido que la inclusión financiera no depende exclusivamente de tener una sucursal, un teléfono de atención o una aplicación, sino también de saber utilizar los servicios disponibles.

Por ello, ha pedido que los programas electorales incorporen una hora obligatoria de educación financiera en los colegios. La propuesta busca que los estudiantes adquieran herramientas para comprender cuestiones cotidianas como las cuentas bancarias, los préstamos, el ahorro o la gestión del dinero.