Móstoles, 13 oct (EFE).- El desahucio de Josefina, la viuda de 62 años que vive con sus cinco hijos en una vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en la localidad de Leganés, ha quedado paralizado "indefinidamente" tras un nuevo recurso al juzgado al "ser vulnerable" y "no tener otra solución habitacional".
Así lo ha trasladado a EFE la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, Feli Velázquez, que ha acompañado esta mañana a Josefina en su vivienda, situada en la calle de la Acacia 17, para tratar de evitar de nuevo el desahucio, fijado para este martes tras un primer intento el 6 de octubre pasado.
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Velázquez ha señalado que los representantes legales de la familia han presentado en las últimas horas un nuevo recurso en el que alegan que Josefina reúne tres de las condiciones del último Real Decreto-ley aprobado para el Gobierno central para frenar desahucios de personas vulnerables.
En este sentido, ha recalcado que esta viuda de 62 años, además de "no tener otra solución habitacional", tiene un hijo que está atravesando "graves problemas con el consumo de drogas", por lo que la familia "cumple los requisitos de vulnerabilidad" que exige la nueva normativa.
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Por ello, aseguran que el lanzamiento "se ha paralizado indefinidamente", al contrario de lo que ocurrió la semana pasada, ya que el desahucio estaba fijado inicialmente para el 6 de octubre y fue aplazado por la jueza tan solo unos días tras aceptar un recurso urgente para aportar documentación pendiente.
La vivienda fue adjudicada por el antiguo IVIMA cuando Josefina estaba casada y el contrato quedó firmado a nombre de su marido, pero, tras su fallecimiento, y a raíz de una inspección rutinaria de la propia administración de vivienda, le exigieron que iniciara los trámites necesarios para regularizar su situación.
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En concreto, le solicitaron el cambio de titularidad o subrogación del contrato y, aunque Josefina asegura que realizó dichos trámites, tiempo después, dos trabajadoras acudieron a su domicilio y le comunicaron que el expediente "había quedado archivado por falta de documentación".
Aunque Josefina tiene reconocida una discapacidad que le impide trabajar y depende económicamente de sus hijos, la PAH asegura que desde la administración se le habría trasladado a la mujer que "sus hijos ya son mayores de edad y que existen otras familias que necesitan más la vivienda pública".
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Sin embargo, la familia rechaza este argumento y sostiene que su situación de vulnerabilidad no ha desaparecido porque los hijos hayan alcanzado la mayoría de edad, recalcando que "uno de ellos, además, atraviesa graves problemas relacionados con el consumo de drogas, lo que agrava la situación familiar". EFE
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