Madrid, 13 oct (EFE).- La Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) ha reclamado este martes al Gobierno una solución jurídica urgente para los jueces sustitutos y magistrados suplentes y que la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales no deje atrás la reivindicación que este colectivo lleva demandando desde hace años.
En un comunicado, la APJI destaca que la ampliación de la planta judicial debe ir acompañada de medidas que reparen "el abuso de temporalidad" y reconozcan los derechos derivados de los servicios prestados por los jueces sustitutos.
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El Gobierno ha aprobado este martes la creación de 500 plazas judiciales y 200 fiscales para 2027.
APJI comparte la necesidad de incorporar más jueces y dotar al sistema de más medios, pero insiste en que llevan 13 años reclamando una solución a su situación de temporalidad sin una respuesta efectiva.
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Recuerdan que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, asumió el compromiso de dar una respuesta al colectivo, pero lamentan que esa palabra sigue sin traducirse en una norma.
Destacan que hay aproximadamente un millar de jueces sustitutos y magistrados suplentes y que la incorporación acelerada de nuevos titulares esta reduciendo los nombramientos y provocará un "cese colectivo encubierto", sin resolución formal de cese, indemnización ni reconocimiento previo de los derechos acumulados durante años de servicio.
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Y advierten de que la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral no pueden convertirse en una "nueva excusa" para aplazar la respuesta al colectivo.
Por eso, la APJI reclama que se utilice la vía jurídica adecuada para aprobar urgentemente una solución que reconozca y garantice los derechos del colectivo.
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Por su parte, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) considera "un avance histórico" para adecuar la planta judicial a las necesidades de la administración de justicia la creación de estas nuevas plazas.
Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha destacado que ampliar los tribunales en más de mil plazas en dos años es un esfuerzo destacable para afrontar la litigiosidad, reducir tiempos de respuesta y garantizar una carga de trabajo razonable en la judicatura.
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"Estamos ante un cambio fundamental que va a redundar en beneficio de profesionales del derecho y la sociedad".
Destaca que esta nueva convocatoria se centre en la jurisdicción social "que está atravesando unas cargas de trabajo y dilaciones por encima de lo admisible" y en los Juzgados de Violencia de Género, "que resulta fundamental para proteger a las mujeres tras la ampliación de competencias de estos tribunales en materia de delitos contra la libertad sexual". EFE
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