València, 8 oct (EFE).- El Ayuntamiento de València ha comunicado este jueves que la mascletà del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, no se podrá celebrar en la plaza del Ayuntamiento, donde más de 1.500 personas están acampadas por el derecho a la vivienda, por "una decisión de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana".
"La mascletà se suspende, porque la Delegación del Gobierno lo ha dicho expresamente", ha afirmado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, quien ha señalado que la respuesta de la delegación al requerimiento del Ayuntamiento hacía referencia expresa a la imposibilidad de celebrar la mascletà pero omitía "si el resto de actos se pueden realizar con normalidad y garantías de seguridad".
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Por eso, el concejal ha asegurado que el Ayuntamiento no ha solicitado el desalojo de la acampada "en ningún momento", sino que solo han pedido que se garantice la seguridad y el normal desarrollo de los eventos vinculados al 9 d'Octubre, y ha indicado que los servicios jurídicos del consistorio están analizando "la posibilidad de realizar actuaciones judiciales".
Preguntado sobre si entre estas actuaciones judiciales cabe la posibilidad de pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el desalojo de la acampada, el concejal ha reiterado que "nunca" han hablado de desalojo y tampoco lo harían "en un requerimiento judicial".
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Sin embargo, Carbonell ha apuntado que podrían acudir a los tribunales por "razones de inacción" y ha explicado que el Ayuntamiento advirtió a la Delegación de Gobierno de que no hubo presencia del Cuerpo Nacional de Policía durante los primeros días de la acampada.
El concejal ha insistido en que la respuesta de la delegación -que recibieron ayer- solo hacía referencia a la no celebración de la mascletà y hacía mención al derecho de reunión y a la Ordenanza de Parques y Jardines, "acerca de la posibilidad que tiene el Ayuntamiento de ejercer sus competencias a la hora de poner multas y desalojar".
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"Carece de sentido que, por un lado, se diga que se trata de un derecho constitucional y que ellos no pueden realizar ninguna actuación y que, a continuación, digan que sea el Ayuntamiento el que haga aquello que ellos mismos consideran que no pueden realizar", ha criticado el concejal.
En este sentido, Carbonell ha señalado que, "por omisión", entienden que el resto de actos "se pueden realizar con normalidad y garantías de seguridad".
El concejal también ha asegurado que han hablado con las personas acampadas para que "permitan que el itinerario ordinario" de la Procesión Cívica "no se vea perjudicado" a su vuelta al Ayuntamiento, en referencia al tramo donde se coloca en marzo la Falla Municipal, en el que todavía hay tiendas acampadas, y están a la espera de la respuesta que decidan en asamblea. EFE
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