Los vecinos aún ven lejos un pacto para derribar edificios frente a la Sagrada Familia

Matilde Pont

Barcelona, 4 oct (EFE).- Los vecinos aún ven lejos un pacto sobre el eterno debate de qué hacer con los edificios que se construyeron frente a la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia, que ya se está edificando, y que dificultan la construcción de una futura escalinata, pese a la última oferta de la Junta Constructora de la basílica.

Recientemente, el presidente de la Junta Constructora, Xavier Martínez, aseguró que "las negociaciones están avanzadas" con vecinos y Ayuntamiento de Barcelona y que hay "principios de acuerdos" para esta cuestión.

La propuesta es que la Sagrada Familia construya un edificio para alojar a los propietarios que viven en el principal edificio afectado -aunque puede que no sea el único- por la construcción de la verticalidad de fachada de la Gloria en la manzana aledaña, conocida como de las Aguas y que adquirió en 2019.

Esta visión optimista contrasta con la de la Asociación de Vecinos de Sagrada Familia y la Asociación de Afectados por la Construcción de la Sagrada Familia, que han coincidido en señalar a EFE que el ayuntamiento, que es el que puede hacer las expropiaciones, no les ha convocado este verano, que las negociaciones están "paradas" y que difícilmente se llegará al pacto definitivo en este mandato municipal (que termina la próxima primavera).

El conflicto entre los constructores del templo diseñado por Antoni Gaudí, el Ayuntamiento de Barcelona y el vecindario del barrio de la Sagrada Familia dura más de medio siglo.

Tiene su origen en que el proyecto supera límites del solar en los que se está construyendo la basílica desde hace 140 años e invade la calle Mallorca y la manzana de enfrente, con un gran escalinata monumental que simboliza el río del Paraíso por la que se accede a la puerta de la Gloria.

Es una entrada elevada que será el acceso principal al templo y representa la última gran fase pendiente para terminar la Sagrada Familia, en un plazo estimado de 10 años, después de haber culminado este 2026 la Torre de Jesús.

La génesis del conflicto se sitúa en 1974, cuando, a pesar de la oposición de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, la empresa Núñez y Navarro obtuvo permiso municipal para levantar un edificio de once plantas en la calle Mallorca, número 410, que ahora hay que derribar para que pueda descender la futura escalinata, sin perjuicio de que haya otros edificios afectados.

A esto se sumó en 1976 el Plan General Metropolitano, aún vigente, que califica de zona verde el suelo de más de la mitad de las dos manzanas frente al templo, entre la calle Mallorca y la Diagonal, lo que hace susceptibles de ser derribadas más de 1.020 viviendas y locales comerciales del barrio.

Sin embargo, según cómo acaben las negociaciones, la superficie afectada podría reducirse y afectar solo a unos 200 vecinos.

"Estamos tranquilos, pero no tanto como en julio, que ya veíamos hecho el acuerdo", ha explicado a EFE el presidente de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, Gabriel Mercadal, que ahora cree que, aunque el actual gobierno municipal "no frena, quiere continuar y lo intentará", esto no ocurrirá antes de las elecciones municipales de mayo de 2027.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Afectados por la Construcción de la Sagrada Familia, Salvador Barroso, ha coincido que la situación está en "stand by".

Respecto al anuncio de la Junta Constructora, Barroso lo ha calificado de "salida de tono", porque la Sagrada Familia no puede expropiar el edificio y "pasa la responsabilidad al Ayuntamiento", que sí puede hacerlo, para que "se enfrente con los vecinos".

La Sagrada Familia, ha insistido, es quien "debe pagar la fiesta", y esto pasa por ofrecer "piso por piso" a quien viva en los edificios que se derribarán, y "a quien no lo quiera, pagárselo a precio de mercado" (indemnizaciones).

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha expresado su "firme voluntad de seguir trabajando" para encontrar un encaje con el objetivo de "garantizar el derecho a la vivienda", por lo que estudian "posibles alternativas". EFE

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