Oenegés rechazan el plan del Gobierno para acelerar las expulsiones de migrantes en Ceuta

Madrid, 29 sep (EFE).- Organizaciones defensoras de los derechos humanos han rechazado este martes el borrador de real decreto ley con el que el Gobierno busca acelerar las expulsiones en Ceuta por las "fatales consecuencias" que podría tener para el derecho al asilo y los derechos humanos.

Según han denunciado en un comunicado conjunto entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Servicio Jescuita a Migrantes (SJM) o Oxfam Intermón, la propuesta introduce un "régimen de excepción al derecho al asilo" que afectaría, con carácter retroactivo, a solicitantes de asilo que hubieran formulado su petición desde el 30 de julio.

Las entidades muestran su "enorme preocupación" ante la "grave amenaza" que supone para el principio de no devolución -uno de los principios básicos de la Convención de Ginebra- establecer supuestos en los que, aunque la persona pida asilo, no se le autoriza a permanecer en España hasta que se resuelva su petición.  

La aprobación de este real decreto ley también supondría, según las entidades, limitar el acceso al procedimiento, ya que si la persona formula una solicitud pasados 7 días de la notificación de la orden de devolución, expulsión o denegación de entrada se inadmitirá su solicitud.

Las organizaciones han explicado que, en el contexto actual, puede haber demoras en la formulación por muchos factores, como la falta de información sobre protección internacional o las dificultades para realizar los triajes que se están identificando.

También creen que, de aprobarse este real decreto ley, se vulneraría la tutela judicial efectiva al establecer el plazo más corto que permite el Pacto Europeo -cinco días naturales- para interponer recursos contra resoluciones desfavorables.

Las organizaciones consideran que en ese tiempo es inviable la designación de profesionales de oficio que puedan acceder al contenido de la resolución y examinar el expediente con la persona interesada, acompañada de un intérprete si fuera necesario, para ejercer su derecho de defensa.

Y llaman la atención sobre la eliminación de garantías clave durante el procedimiento como la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a la hora de valorar las solicitudes de protección internacional.

Además, alertan de que el borrador del real decreto introduce un sistema de notificaciones que genera indefensión jurídica al considerar que los centros de acogida o dispositivos de emergencia no son lugares de notificación válidos por motivos de seguridad u orden público.

De esta forma, el Gobierno busca aplicar la notificación en el BOE, considerada en el ordenamiento español como último recurso, lo que puede generar indefensión cuando quienes residen en centros de acogida o dispositivos de emergencia están plenamente localizados.

Por todo ello, las entidades reclaman al Gobierno que de marcha atrás en su intención de presentar esta propuesta y "cumpla su palabra de aplicar el Pacto Europeo de la forma menos lesiva posible para el derecho de asilo, tal y como se ha comprometido desde que se aprobó la nueva normativa europea". EFE