PSOE y Sumar aprueban dos decretos que prohíben los desahucios hasta 2030, vetan las compras de fondos buitre y permitirán la renovación automática de alquileres

Tras las horas de negociación entre PSOE y Sumar, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que contiene la medida de la renovación automática de los contratos que lleva desde el viernes exigiendo el Sindicatos de Inquilinas. El otro decreto sobre vivienda que también ha aprobado este martes el Gobierno incluye el resto de medidas acordadas con los grupos, incluida la regulación del alquiler de habitaciones, la prohibición de compras de los fondos buitre hasta 2028 y de los desahucios hasta 2030. Sira Rego, la ministra de Vivienda, ha detallado las medidas y ha celebrado este acuerdo que demuestra que “el sufrimiento de Maricarmen” ha tenido un efecto.

Esta mañana, horas antes de conocerse en resultado del Consejo de Ministros, la líder de Junts, Miriam Nogueras, ha señalado que su partido no está de acuerdo con las últimas exigencias de Sumar. Consideran que la renovación automática pone en riesgo a los pequeños propietarios. Este viernes se resolverá definitivamente su futuro. El Gobierno ha convocado un pleno extraordinario para llevar a cabo la votación. Salvo giro de los acontecimientos, PP y Vox se opondrán, mientras que la postura de Junts es la que decantará la balanza. La ruptura en dos partes abre el escenario de que apoye el del resto de medidas y no la prórroga de los alquileres.

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Medidas aprobadas en el Consejo de Ministros

El paquete de medidas aprobado este martes pone sobre el papel varias de las exigencias de asociaciones y manifestantes, pero el ‘troceo’ ya ha generado descontento. Podemos considera una “tomadura de pelo” que hayan dividido en dos el primer ‘decreto Maricarmen’, porque puede dejar una de las partes, la del decreto que incluye la renovación automática de los contratos, por el camino. La ministra de Vivienda, Sira Rego, ha reconocido que este segundo decreto “no se ha podido trabajar” con el mismo tiempo que la otra parte, lo que adelanta que tiene un futuro en el Congreso más complejo.

El decreto con el resto de medidas se integra en cuatro bloques, según ha explicado Sira Rego. El acuerdo amplía hasta el 31 de diciembre de 2028 las protecciones vinculadas al alquiler e incorpora un límite del 0% a las subidas de renta en los contratos situados por encima del índice de referencia de vivienda. También prevé regular los alquileres de temporada y por habitaciones, con el objetivo de evitar que estas fórmulas queden al margen de los controles aplicables a la vivienda habitual. Ha situado entre las prioridades los pactos ya mencionados: la paralización de los desahucios hasta 2030 y la prohibición, hasta 2028, de que los fondos de inversión adquieran viviendas. El Gobierno plantea identificar a los actores que califica como “fondos buitre” y orientar la oferta hacia el alquiler asequible.

Las medidas incorporan incentivos fiscales para propietarios e inquilinos y bonificaciones dirigidas a los arrendadores que mantengan precios fuera de dinámicas especulativas. El plan prevé además crear el mecanismo “Tu casa”, una vía de financiación al 0% para facilitar la primera compra de vivienda. El último eje se centra en el parque público, con medidas para reforzar su protección, consolidar el modelo Casa 47 y reducir al 4% el IVA de la vivienda protegida y de promoción pública.

Reacción en la acampada

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha condicionado su respaldo al Gobierno a la aprobación íntegra del denominado “decreto Maricarmen” en una sola norma, lo que ya parece descartado. Su portavoz, Valeria Racu, ha advertido de que dividir las medidas o introducir cambios supondría aprobar “un decreto farsa”. Durante la protesta, Racu ha defendido que la presión en la calle busca influir en la negociación política sobre vivienda. “Le estamos echando un pulso histórico al Gobierno”, ha dicho, antes de sostener que “el pueblo manda”.

“Más allá del texto que veamos mañana, esto continúa, esto solo acaba de empezar. Esto va de mucho más que una acampada”, ha afirmado. También ha cargado contra las políticas que, a su juicio, benefician a los propietarios. “No vamos a dejar que políticos corruptos le hagan favores al rentismo”, ha defendido. El colectivo todavía no ha decidido si mantendrá la acampada hasta el viernes, cuando el Congreso prevé votar la convalidación de los decretos. “Hasta que no veamos la letra pequeña del texto, no decidiremos si seguiremos aquí”, ha sentenciado.