El tribunal judicial de Marsella (Francia) condenó a Florent Richard, un inversor inmobiliario de 37 años conocido en redes sociales por sus consejos de inversión, a pagar 440.000 euros de multas civiles por alquilar seis apartamentos como pisos turísticos sin las autorizaciones exigidas por el ayuntamiento. La sentencia, dictada el 23 de septiembre, obliga además a Richard y a las sociedades que gestiona a devolver los inmuebles al mercado de alquiler de larga duración en un plazo de 15 días, según informa Le Figaro.
El consistorio de Marsella había solicitado una sanción de 1,5 millones de euros contra las cuatro sociedades vinculadas al empresario, que actuaban como propietarias, arrendadoras o gestoras de conserjería. El tribunal absolvió a una de ellas, la encargada de la conserjería, y repartió la multa final entre las tres restantes. Los inmuebles en cuestión son cuatro apartamentos situados en un edificio de la calle Honneurs, en el barrio del Panier, y dos más en la calle Colbert, en pleno centro de la ciudad.
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Según consta en el fallo, al que tuvo acceso La Provence, los pisos se alquilaban por hasta 359 euros la noche. Llegaron a ocuparse una media de 330 noches al año, un volumen que triplica el límite reglamentario permitido para este tipo de alojamiento en la ciudad.
Qué normativa incumplió el empresario
Marsella, como otras ciudades francesas con tensión en el mercado de vivienda, exige dos requisitos para convertir un piso residencial en alojamiento turístico. El primero es solicitar una autorización de cambio de uso ante el ayuntamiento. El segundo es la llamada regla de compensación, que obliga a crear una superficie equivalente de vivienda convencional en otro lugar cuando se retira un piso del mercado residencial para destinarlo al alquiler turístico.
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Florent Richard no solicitó ninguna de las dos autorizaciones para los seis pisos marselleses. El texto judicial señala también que los apartamentos fueron “ocultados” de la plataforma Airbnb y ofrecidos temporalmente bajo la figura del bail mobilité, un contrato de alquiler amueblado de hasta diez meses, en un intento de sortear los controles municipales.
El perfil del condenado
Richard se presenta en YouTube como “coach inmobiliario” y afirma haberse hecho millonario gracias al alquiler de pisos turísticos. Según sus propias declaraciones en redes, recogidas por La Marseillaise, acumuló un patrimonio de tres millones de euros en tres años a partir de 44 propiedades repartidas entre Burdeos, París y Marsella. En Facebook, según cita Le Figaro, se jactaba de “hacer negocios, no caridad”.
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El tribunal fue especialmente duro con ese perfil público. En la motivación de la sentencia los jueces describen “una personalidad desprovista de todo escrúpulo respecto a las consecuencias de su actividad para la ciudad y sus habitantes”, y añaden que Richard “no describe la ciudad más que de forma deshumanizada, al insistir en el potencial lucrativo del lugar”. El fallo también apunta que su comportamiento público se mantuvo durante cinco años, desde 2021.
Un posible fraude fiscal en el horizonte
Más allá de la multa civil, la sentencia abre la puerta a una investigación de Hacienda. Los jueces constataron una discrepancia entre los ingresos que Richard declaró por impuesto sobre la renta y los datos de facturación proporcionados por Airbnb. “Los beneficios generados aparecen particularmente elevados respecto a los datos transmitidos por la plataforma Airbnb, sin que esto se refleje en los ingresos declarados por el matrimonio en el impuesto sobre la renta”, señala el texto judicial citado por el diario, que ordena remitir copia de la sentencia a la administración tributaria.
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Según las estimaciones del ayuntamiento, los seis pisos generaron más de 1,3 millones de euros de ingresos entre 2022 y 2025. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, celebró el fallo como “una nueva victoria en la lucha contra el fraude de los alquileres de corta duración” y advirtió: “No dejaremos que nadie transgreda las reglas”, declaraciones recogidas por La Marseillaise.
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