Piden entre 3 y 6 años de cárcel para acusados de vender piezas arqueológicas robadas

Madrid, 25 sep (EFE).- La Audiencia Provincial del Madrid juzga a partir de este martes a seis personas que se dedicaban presuntamente a adquirir piezas arqueológicas que habían sido previamente sustraídas para introducirlas en el mercado legal y para los que la Fiscalía pide penas de prisión que oscilan entre los seis y los tres años.

En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público les imputa un delito de blanqueo y otro de grupo criminal.

Entre las piezas analizadas figuran tres capiteles originales del S. X, del período califal, facturados en los talleres de Madinat al-Zahra, valorados dos de ellos en 30.000 euros y otro en 35.000, y que uno de los acusados adquirió en el año 2020.

Estos capiteles fueron adquiridos por una galería y expuestos en la feria de antigüedades FERIARTE de Madrid, en noviembre de 2021, donde llamaron la atención de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, que inició la investigación.

También se ha encontrado, entre otras muchas piezas, un capitel decorado con el lema dinástico nazarí, del S. XIV, que procedía posiblemente del Generalife o el Baño Real y que está valorado en 45.000 euros.

Según el Ministerio Fiscal, entre los años 2015 y 2022 los hermanos M. y R. F. C. -y otro más ya fallecido-, crearon una trama "estable" y "eficaz" para hacerse con distintas piezas arqueológicas, -casi todas procedentes de Andalucía-, cuyo origen era ilícito (sustracción o apropiación de las mismas).

Posteriormente se unieron al grupo otras dos personas, que también han fallecido y una de las acusadas, R. V. A., que se dedicaban a preparar las transacciones para las operaciones de venta de las piezas adquiridas, y simulaban documentalmente su origen lícito procedente de herencias inexistentes.

Con dicha documentación, vendían las piezas a F. C. C., que tiene una galería de antigüedades en Barcelona, registrando las adquisiciones y su supuesta procedencia en su libro. Para la confección de los documentos de venta implicaban a la hija del hermano fallecido, que seguía las instrucciones de su padre y tíos.

Asimismo, los hermanos utilizaban también a otra de las acusadas y su hija y a los otros dos fallecidos como supuestos vendedores, y tenían también testaferros para cobrar el importe de las ventas en sus cuentas bancarias, "que extraían de inmediato en metálico para abonar a los verdaderos titulares de las operaciones", que eran los hermanos.

De esta manera, en las once operaciones que llevaron a cabo se introdujeron las piezas saqueadas en el mercado legal de antigüedades, "ocultando su ilícito origen, y produciendo sustanciosos beneficios económicos para los integrantes de la estructura descrita".

En su escrito, el fiscal detalla que ninguno de los acusados o colaboradores fallecidos o sus familiares, supuestos propietarios de antigüedades por herencias y todos ellos residentes en Granada, se registraron en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para informar de su titularidad sobre bienes o restos arqueológicos.

El juicio está previsto para el martes 29 de septiembre a las 10:00 horas en la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid. EFE