El Gobierno aprobará en próximas semanas el Decreto para mejorar las condiciones laborales de los Letrados de Justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas el nuevo Real Decreto para mejorar las condiciones laborales de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Bolaños ha clausurado este viernes en Bilbao el XVIII Congreso de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), junto a la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, y el portavoz de UPSJ, Juan José Yáñez Pena.

En la clausura, el ministro ha reconocido la labor que realizan los letrados de la Administración de Justicia y ha emplazado a seguir trabajando con el Ministerio para mejorar las condiciones del colectivo y "de todo el sistema en su conjunto".

En esta línea, ha anunciado que en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto regulador de las sustituciones de los letrados y letradas de la Administración de Justicia.

Con esta nueva norma se dará cumplimiento al compromiso de avanzar en la equiparación del régimen retributivo de las sustituciones con el de las Carreras Judicial y Fiscal, al tiempo que se busca adaptar la regulación vigente a las necesidades organizativas actuales, mejorará la cobertura de las ausencias, permitir un uso más eficiente de los recursos e incorporar el incremento de las indemnizaciones por residencia a los letrados destinados en el ámbito territorial de las Islas Baleares.

El ministro ha enmarcado este anuncio en el proceso de modernización que se está impulsando en la Justicia y que, según ha indicado tanto en el Congreso como en declaraciones previas en su visita a Bilbao, es "la mayor transformación de en décadas", con medidas como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para agilizar trámites y facilitar el acceso y la comprensión de las resoluciones judiciales.

Tras destacar que el presupuesto de Justicia "se ha multiplicado por doce", ha expresado su compromiso de seguir trabajando para que "la Justicia sea por fin un servicio público del siglo XXI" y que "no esté guardada en el cajón con las mismas reivindicaciones de siempre en carpetas llenas de polvo".

Félix Bolaños ha destacado que en 2024 se logró renovar el Consejo General del Poder Judicial tras estar "bloqueado durante cinco años" y se ha "roto la inercia" de ministros con "vocación reformista" pero cuyos proyectos "se quedaban en el cajón".

El ministro ha valorado que, con la reforma impulsada, la implementación de los tribunales de instancia --que permite decir "adiós" a los "vetustos" juzgados unipersonales que databan de 1834-- son capaces de hacer su labor "con más flexibilidad, más agilidad y más capacidad de gestión".

En función de los datos que ha aportado, en el periodo enero-septiembre "han aumentado un 5,7% las vistas realizadas, un 7,8% las vistas señaladas y ha bajado la litigiosidad en todos los órdenes jurisdiccionales un 7,5% y en concreto en el orden civil un 15,6%", con respecto a los mismos meses del pasado año.

En todo caso, ha reconocido que "quedan cosas por hacer" y ha asegurado que su objetivo es "poner las bases para que haya reformas estructurales para mejorar el sistema judicial" en los próximos años.

Asimismo, ha resaltado el incremento en materia de personal que se está realizando en la Administración de Justicia "nunca antes conocido". Así, ha recordado que se han creado 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales.

PLAZAS DE LAJ

Por lo que respecta a los Letrados de la Administración de Justicia, ha recordado que, en la última convocatoria de 417 plazas, se han cubierto 177, por lo que ha instado a "dar una pensada" sobre lo ocurrido.

Bolaños ha concluido su intervención en el Congreso advirtiendo de que "la Justicia en este país está siendo utilizada por personas que en ningún caso quieren preservar o defender la ley o defender el Estado de Derecho, sino que lo que quieren es utilizar la justicia para judicializar la política".

"Básicamente desean no tanto la defensa de la ley, sino sobre todo perseguir a quien no piensa como ellos", ha censurado. Según ha planteado, "la única manera de hacer frente a estas tendencias que observamos con mucha claridad es que nuestra Administración de Justicia funcione correctamente, que nuestro sistema judicial dé respuesta a aquellas personas que necesitan ver amparado, ver protegido un derecho y, por el contrario, rechace, inadmita a aquellas personas que lo que intentan es judicializar la política".

El ministro ha subrayado que "que el sistema judicial funcione significa que funciona un poder del Estado, pero que sobre todo funciona un servicio público" y el beneficiario último es el ciudadano que se acercan a él para "ver protegidos sus derechos".

COLABORACIÓN Y MEDIOS

Por su parte, la consejera vasca María Jesús San José ha destacado que la transformación que afronta la Justicia "es importante y plantea dificultades, pero también ofrece una oportunidad para construir una administración de justicia más flexible, eficiente y mejor preparada para responder a las necesidades de la sociedad".

San José ha incidido en que "el nuevo modelo apuesta por una organización más flexible capaz de adaptarse de manera dinámica a las necesidades cambiantes de los asuntos judiciales, supone avanzar desde una estructura más rígida hacia otra en la que los recursos pueden organizarse con mayor capacidad de adaptación y en la que la profesionalización del personal de la Administración de Justicia adquiere todavía más importancia".

La consejera vasca ha reivindicado la importancia de la colaboración institucional y ha planteado que la "gestión eficiente" de la Administración de Justicia "requiere diálogo, coordinación y conocimiento de las necesidades reales que existen en cada momento", para lo que se necesita que "quienes estén al frente de las oficinas judiciales puedan trasladar esas necesidades con precisión".

Para San José, la eficiencia no puede entenderse únicamente como una cuestión organizativa, sino que tiene que traducirse en "una Justicia capaz de responder mejor, con mayor agilidad y con los recursos adecuados a las necesidades de cada momento", para lo que se requieren "profesionales preparados y comprometidos".

El portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia ha demandado más medios para realizar el trabajo de este colectivo. "Sacaremos el trabajo igual, con medios y sin medios, porque es un servicio público que tenemos que hacerlo. Pero necesitamos medios y, en otras cosas, necesitamos letrados, muchos letrados", ha señalado Yáñez.

Bajo el lema 'Perspectivas del cuerpo de Letrados y Letradas de la administración de justicia tras las últimas reformas', el Congreso de UPSJ ha reunido en la Sala BBK de Bilbao a profesionales de la Administración de Justicia procedentes de distintos puntos del Estado, junto a representantes del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, responsables de la Administración de Justicia, representantes parlamentarios y especialistas del ámbito jurídico y académico.

Durante tres jornadas, ha analizado especialmente cómo están funcionando en la práctica las reformas organizativas y procesales implantadas durante el último año. Entre otros temas, se ha abordado el balance de la implantación del nuevo modelo organizativo (NUMO), la perspectiva de género y el derecho de representación colectiva de los Letrados de la Administración de Justicia.