San Fernando de Henares (Madrid), 16 sep (EFE).- Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha testificado en el juicio que encontraron indicios de que la trama de corrupción Lezo relacionada con el PP desvió fondos públicos de Canal de Isabel II en su operación de expansión en Sudamérica en 2001.
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.
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También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de entre seis y siete años de prisión.
La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.
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Añade que la operación estuvo plagada de ilicitudes y "contrariamente a lo autorizado" por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..
La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".
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En su declaración en la vista el agente de la UCO ha dicho que tras la investigación concluyeron que la adquisición de INASSA presentaba indicios importantes de sobrevaloración, utilización de una sociedad panameña interpuesta, generación de plusvalías extraordinarias y un posible desvío de fondos públicos procedentes de Canal de Isabel II.
Ha recordado que entre las conversaciones que intervinieron durante las pesquisas figura una mantenida entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana.
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El agente ha relatado que en la misma hablaban de que tenían un informe de un despacho de abogados relativo a que "Alberto -en referencia a Ruiz-Gallardón- o los suyos" podrían haber hecho la operación "al margen de lo que se debía en una empresa pública".
Ignacio González, que fue detenido en 2017 por el caso Lezo, no se sienta en el banquillo en este primer juicio de la causa, sino que está acusado en otras piezas del procedimiento.
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En la anterior jornada del juicio, el martes, el que era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2001, Manuel Cobo, denunció que esta causa de se debe a una "operación política" contra Alberto Ruiz-Gallardón por parte de su compañero en el PP Ignacio González cuando este era vicepresidente de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre.
"Hay una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana -exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana-, dos personas de mi partido pero que tenían intereses que no voy a calificar, en la que, sabiendo que ya estaban siendo grabados por la UCO dicen 'menudo pelotazo el que dio Gallardón'", relató Manuel Cobo.
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Añadió que "además González y el gerente de Canal de Isabel II en aquel momento encargaron informes, cuatro o cinco años después de que se hiciera la operación, cuando nosotros estábamos ya en el Ayuntamiento y ellos gobernaban en la Comunidad de Madrid" a un despacho de abogados "en los que iban empeorando la valoración sobre esta operación para que pareciera muy negativa". EFE
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