Madrid, 13 sep (EFE).- La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a una docena de acusados de financiar al terrorismo yihadista en Siria con el sistema hawala o con envíos de material logístico como ambulancias a través de una ONG, si bien no hay evidencias de que los vehículos sanitarios llegaran a manos de una organización terrorista.
La Fiscalía pide que diez de los acusados sean condenados a penas de cinco y seis años de cárcel por un delito de financiación del terrorismo y al pago de multas que, en uno de los casos, supera el millón de euros, mientras que para los otros dos pide el sobreseimiento.
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El fiscal sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que los acusados, a los que la Policía vinculó con el denominado clan Kutayni, al que a su vez relaciona con los Hermanos Musulmanes, enviaron a Al Qaeda y sus filiales fondos a través del sistema de hawala o mediante remesadoras de fondos, así como material logístico.
Los fondos recaudados fueron supuestamente enviados entre 2013 y 2019 al líder de un bastión de la filial siria de Al Qaeda, Jabhat Fatah al- Sham, así como a combatientes y a regiones controladas territorialmente por dicha filial.
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Los acusados, según el fiscal, supuestamente hicieron 14 envíos de dinero entre 2018 y 2019, mientras que a través de las empresas Ibertrans Service y Ermitrucks Trading en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2019 habrían enviado maquinaria industrial, camiones y ambulancias.
Las ambulancias y el material sanitario fueron enviados a través de una ONG sin que conste que llegaran a la organización terrorista, precisa el escrito de acusación.
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En una pieza separada de este procedimiento fueron investigados los fondos enviados a través de la ONG turca Al Bashaer atribuidos al presidente de la Comisión Islámica en España, Mohamad Aidman Adbli, y a otras ocho personas, si bien finalmente la causa contra ellos fue archivada.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, a instancias de la Fiscalía, concluyó que no había indicios suficientes de que los fondos recaudados en campañas para la ayuda a huérfanos y viudas en Siria llegaran a zonas donde operaban milicias yihadistas.
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Los informes policiales y de Europol dictaminaron que la complejidad de la situación en Siria no permitía concluir que el dinero enviado no fuera por motivación humanitaria y que la fundación Al Bashaer fuera conocida por un pretendido carácter yihadista.
Quedaron así exonerados de esta causa, entre otros, el presidente de la Comisión Islámica y su tesorero; el que fuera imán de Badajoz Adel Najjar, o el sirio Ghasoub Alabrash Ghalyoun, que en su día fue absuelto de integrar una célula de Al Qaeda en España vinculada a los atentados del 11-S, liderada por Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah.
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La investigación comenzó en octubre de 2019 en relación a una presunta financiación del terrorismo en Siria por parte de Mohamed Hatem Rohaibani y Aiman Albi, ambos miembros de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), así como de determinadas entidades islámicas que tenían "como nexo común estar ligadas a la Mezquita Central de Madrid o de Abu Bakr".
En marzo de 2021, fueron hallados en algunos de los dispositivos electrónicos y documentos intervenidos en distintos registros -esencialmente en la carnicería del centro cultural islámico Abu Bakr; en el domicilio de la familia Kutayni y en el domicilio de Galeb Kalaje- indicios de la recaudación “bajo una supuesta campaña de ayuda humanitaria” de envío de fondos a Siria a través de la citada ONG. EFE
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