La familia de una asesinada en Madrid por su expareja reclamará al Estado una indemnización por fallar en su protección

La acusación particular en un juicio por el asesinato de una mujer de 29 años a manos de su expareja en el distrito de Usera en 2024 reclamará al Estado una indemnización por no proteger a la víctima, a quien la Policía Nacional había concedido una situación de máxima alerta tras tres denuncias por malos tratos.

El juicio ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular y la exposición previa de las partes a los miembros del tribunal.

Se trata del tercer juicio al que se enfrenta el procesado, condenado ya por un delito de amenazas y por agresiones contra la propia fallecida. Está previsto que el acusado declare el próximo lunes ante el tribunal.

Tras el asesinato de Diana, vecinos de Usera se movilizaron para mostrar su repulsa y condena por el crimen y reclamar una mayor protección para las mujeres víctimas de violencia de género. Las concentraciones sirvieron también para trasladar el apoyo a la familia de la joven y denunciar la situación de violencia que había sufrido antes de su muerte.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2024 en el domicilio de la víctima. El agresor entró en su habitación armado con un cuchillo y la atacó por sorpresa mientras se iba a dormir, causándole heridas mortales en el cuello y el tórax que le seccionaron la carótida y la yugular.

RESPONSABILIDAD AL ESTADO

La defensa ha explicado que reclamará al Ministerio de Justicia y, en su caso, al Ministerio del Interior una indemnización por "no haberse hecho un seguimiento correcto" a la protección de la víctima. En el caso de silencio administrativo, planteará una demanda civil contra el Gobierno.

La acusación particular sostiene que la víctima se encontraba en una situación de máxima alerta policial tras haber denunciado en tres ocasiones a su expareja por malos tratos, por lo que considera que existió un fallo en las medidas de protección que debía recibir.

Por este motivo, además de ejercer la acusación contra el procesado, su representación legal reclamará dichas indemnizaciones por los fallos en el funcionamiento de los servicios públicos de protección, al considerar que no se adoptaron las medidas necesarias para evitar el desenlace mortal.

El representante del Ministerio Público solicita una pena de 26 años de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro de asesinato, al igual que reclama la acusación particular, que suma reincidencia como una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal. La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación popular, reclama la misma pena de cárcel.

Según el relato del fiscal, el procesado mantenía desde agosto de 2024 una relación sentimental con la víctima. La Fiscalía recuerda que sobre el acusado pesaba una orden de alejamiento dictada el 22 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 11 de Madrid, que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer y comunicarse con ella por cualquier medio.

En uno de los episodios de violencia de género la mujer tuvo que huir por el balcón de su vivienda. No obstante, sostiene que, siendo plenamente consciente de la vigencia de esa medida, reanudó la convivencia con la víctima antes del 30 de diciembre de ese año.

El fiscal relata que sobre las 2.00 horas del 30 de diciembre de 2024 ambos mantuvieron una discusión en la habitación que compartían a raíz de que la mujer hubiera salido de fiesta. Cuando la víctima se encontraba en ropa interior, preparada para acostarse y tras haber consumido alcohol, el acusado decidió acabar con su vida.

Para ello, presuntamente cogió un cuchillo de cocina de 33 centímetros de longitud y le asestó varias puñaladas en el cuello y el tórax, alcanzando la arteria carótida y la vena yugular, lo que le provocó la muerte por un shock hipovolémico en un breve espacio de tiempo.

Tras los hechos, el acusado abandonó la vivienda y fue detenido ese mismo día por la Policía. Dos días después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid acordó su ingreso en prisión provisional.

Para estos hechos, la Fiscalía solicita un año de prisión por el delito de quebrantamiento de medida cautelar y 25 años de cárcel por un delito de asesinato, al apreciar las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género.

Asimismo, reclama la imposición de una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la pena y una prohibición de aproximarse y comunicarse durante 30 años con el hijo menor de la víctima.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público interesa que el acusado indemnice con 340.000 euros al hijo menor de la fallecida por la pérdida de su madre y con 85.000 euros a cada uno de los padres de la víctima.