Sevilla, 25 ago (EFE).- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha exigido este martes la reacción del Gobierno central ante el problema del narcotráfico en Andalucía, que incluya la reactivación del grupo especializado OCON-Sur, reformas legales y mayor protección a los agentes.
Después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, remitiera una carta a Pedro Sánchez para reclamar la recuperación de dicha unidad de élite de la Guardia Civil, Sanz ha lamentado que al Ejecutivo nacional y al ministro Fernando Grande-Marlaska "se le haya ido el narcotráfico de las manos" y que hoy todas las provincias andaluzas estén "afectadas por las mafias".
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"Es consecuencia del abandono que Sánchez y Marlaska han hecho de la lucha contra esta lacra y también de la falta de protección que tienen hoy nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que niega el reconocimiento como profesión de riesgo, algo que el Gobierno andaluz está exigiendo desde hace mucho tiempo", ha señalado.
El vicepresidente andaluz ha exigido a Marlaska una fecha para poner en marcha de nuevo la unidad especializada OCON-Sur, y un fortalecimiento de las estructuras y la seguridad jurídica en favor de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
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Además de la creación de unidades especializadas con carácter permanente con suficientes medios y personal, ha pedido dicho refuerzo de la seguridad jurídica en la actuación policial y el reconocimiento de la labor policial en Andalucía como profesión de riesgo.
Para ello, plantea una reforma normativa que blinde la autoridad de los agentes y eleve las consecuencias de las agresiones, agravando los delitos cuando se cometen con agresiones contra los cuerpos de seguridad, como la inclusión del ataque grave a los agentes como eurodelito y el refuerzo de las penas.
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Dichas solicitudes incluyen endurecer también el Código Penal, reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un plan de renovación de la flota marítima en Andalucía en 24 meses y un plan de mantenimiento integral 24/7 para asegurar la operatividad constante.
Plantea también una reforma legal que garantice el empleo proporcionado de los medios de defensa, ante situaciones de riesgo como embestidas de narcolanchas, y definir con la mayor precisión posible los criterios de actuación cuando ello implique el uso de armas. EFE
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