El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

En febrero llovió mucho. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se trató del quinto febrero más lluvioso desde que hay registros, desde 1961, y el segundo febrero más lluvioso del siglo XXI. Greenpeace lo calificó como un “hito hidrológico sin precedentes”. El 11 de febrero, por ejemplo, las precipitaciones provocaron que, en una ventana de apenas 72 horas, la reserva hídrica en España experimentara un crecimiento exponencial: 693 hectómetros cúbicos en 24 horas, 1.623 hectómetros cúbicos a las 48 horas y un disparo final hasta los 2.349 hectómetros cúbicos en solo tres días.

En ese momento, los embalses españoles acumulaban 43.341 hectómetros cúbicos de agua, el 77,34% de su capacidad total, 5.634 hectómetros más que la semana anterior. “El mayor incremento semanal desde que existen registros semanales de la reserva hídrica peninsular. No ha habido tanta subida desde enero de 1996″.

Aunque esos datos son buenos para combatir las sequías, ocultan una realidad geodinámica preocupante: “Las infraestructuras hidráulicas están operando bajo una presión climática para la que no fueron diseñadas y que, con el cambio climático, se verá agravada los próximos años”, explican desde Greenpeace, donde aseguran que nuestras presas y embalses “carecen de la agilidad necesaria para gestionar la mezcla de agua y sedimentos que traen las nuevas borrascas”. Y es que, según los ecologistas, “una gran parte de las presas está cruzando ahora mismo el umbral de su vida útil teórica de proyecto, entre 50 y 75 años”.

Por eso, la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Democrático, está licitando un nuevo contrato para la revisión de la seguridad y el análisis de la documentación de la seguridad de presas y balsas de terceros “para el periodo 2026-2031″. El contrato cuenta con un valor estimado de 23,77 millones de euros (si se suman las prórrogas) y se estructura en diez lotes. Estas presas y balsas de terceros son aquellas infraestructuras hidráulicas que no pertenecen a la administración pública titular o gestora principal de la cuenca (como las Confederaciones Hidrográficas), sino a propietarios particulares, comunidades de regantes, empresas privadas o ayuntamientos.

“España ha superado definitivamente su histórica fase de construcción de grandes obras hidráulicas. El reto actual no es levantar nuevos muros, sino realizar una mejora y mantenimiento sobre los existentes. La vida útil de los embalses españoles se está agotando, no necesariamente por un riesgo de colapso estructural, pues las presas son sólidas desde el punto de vista de la ingeniería civil, sino por una pérdida drástica de eficiencia operativa”, aclaran desde Greenpeace, para no generar alarmismo.

“La dimensión de los riesgos asociados a la rotura de una presa justifica la necesidad de establecer un control sobre estas infraestructuras en sus fases de proyecto, construcción y explotación”, señalan desde el Ministerio. España tiene una normativa al respecto desde 1959, cuando se rompió la presa de Ribadelago en el río Tera (en Zamora). Luego se sumaron nuevas leyes de seguridad en 1967, 1994 y 1996, año en el que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

2008, año clave

Pero no fue hasta 2008, con el ‘Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico’, cuando se unifican en una misma norma los criterios de seguridad a aplicar a todas las presas, embalses y balsas, con independencia de dónde se encuentren o de quién sea su titular. También se delimitaron las competencias de las Administraciones competentes en materia de seguridad. La normativa actual abarca ya todos los aspectos esenciales para la seguridad estructural, operativa y ambiental de las presas, incluyendo la clasificación de las infraestructuras según su riesgo potencial; los requisitos de auscultación, inspección y mantenimiento; los planes de emergencia y los informes periódicos de seguridad. Además, establecen las directrices para la elaboración de estudios específicos que permitan una evaluación continua del estado de las presas y embalses.

Estas normas técnicas son de obligado cumplimiento para todas las presas situadas en territorio español, independientemente de su titularidad (pública o privada), siempre que su altura supere los cinco metros o su capacidad de embalse sea superior a 100.000 metros cúbicos. El último paso normativo fue el Real Decreto 264/2021 para que comenzara una adaptación progresiva de las presas existentes a las nuevas exigencias normativas. Es precisamente lo que quiere hacer el Ministerio con este nuevo contrato: controlar que todas las presas están cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos.

Precisamente desde ese año 2021 se vienen licitando este tipo de contratos de revisión de la documentación de la seguridad de este tipo de instalaciones. El primer contrato estuvo valorado en 10.822.396 euros y tuvo un plazo de ejecución de 30 meses, con una posible prórroga de otros 30 meses. Ese primer contrato finalizó en abril y ha permitido inventariar un gran número de presas y analizar su estado. “Así, tras estos trabajos, se dispone de una información más fiable del estado de las presas y de las necesidades de los servicios de revisión y análisis de seguridad”.

“Hay que tener en cuenta que se están gestionando infraestructuras proyectadas a mediados del siglo XX, bajo las exigencias ahora de una variabilidad climática extrema, incrementada por el cambio climático, propia del siglo XXI. El grueso de la infraestructura hidráulica se construyó durante la dictadura (1950-1975). Esto significa que una gran parte de las presas está cruzando ahora mismo el umbral de su vida útil teórica de proyecto, los 50-75 años. El hormigón aguanta, pero el acero no tanto. Las compuertas, válvulas y desagües de fondo de presas construidas en los años 50 y 60 están llegando al final de su vida operativa segura”, explica Julio Barea, portavoz de Greenpeace y experto en esta materia.

En España hay 374 embalses con una capacidad total de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone aproximadamente el 50% del caudal fluvial del país. Los dos últimos se añadieron a la red en el año hidrológico 2023-2024: el de Irueña, en la Confederación Hidrográfica del Duero, y el de La Colada, en la del Guadiana. El más grande de la península es el de La Serena, en Badajoz (3.219 hectómetros, el tercero más grande de Europa). Estas 374 son las más grandes y de titularidad estatal. Pero luego hay otras 2.100 de distinto tamaño y titularidad repartidas por todo el territorio nacional. Desde Transición Ecológica destacan que hay unas 450 anteriores a 1960, y más de 100 ya existían en el año 1915.

“La recurrencia de borrascas explosivas y episodios de precipitaciones torrenciales está sometiendo a los cauces y embalses a un estrés mecánico y sedimentario que compromete la garantía real de agua. El mayor desafío geológico al que se enfrenta el país tras el paso de estas borrascas es la colmatación o aterramiento. Cada inundación arrastra consigo toneladas de sedimentos, lodos y detritos procedentes de la cuenca vertiente erosionada donde se sitúa el embalse. Y cuando un embalse se colmata, su volumen útil disminuye”, concluye Barea. .