La amnistía tras la sentencia europea: la ley sigue orillando a los líderes del 'procés'

Rossi García Ávila

Barcelona, 6 ago (EFE).- Dos años después de entrar en vigor, y tras haber recibido el espaldarazo del Tribunal Constitucional y la justicia europea, los encausados por el 'procés' que se han beneficiado de la amnistía superan los 400, la mayoría manifestantes y policías, aunque la ley sigue sin aplicarse a los líderes independentistas.

Además de derribar un penúltimo escollo para el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 15 de julio que avala el perdón de la malversación y el terrorismo ha contribuido a desencallar casos amnistiables que estaban paralizados.

En las últimas semanas, el Supremo ha zanjado varias causas por desobediencia y desórdenes públicos que aguardaban la amnistía desde que hace un año el Constitucional respaldó la ley. Quedan pendientes, eso sí, las de Puigdemont y los exconsellers huidos, además de la inhabilitación del líder de ERC Oriol Junqueras.

Una vez la justicia europea descartó que la amnistía de los gastos del procés contraviniera la normativa comunitaria, el perdón de la causa que el Supremo tiene abierta a Puigdemont se vislumbra más cercano, lo que podría abrir la puerta a su regreso a partir del próximo otoño.

Tras la sentencia del TJUE, el Supremo descartó levantar la orden de detención del expresident, que lleva nueve años refugiado en Bélgica mientras espera que el Constitucional mueva ficha y revoque su negativa a otorgarle la amnistía, lo que se discutirá a partir de finales de septiembre próximo. En el mismo caso se encuentran los exconsellers huidos Toni Comín y Lluís Puig.

La primera de las amnistías rechazadas que revisará el TC será la del exconseller y secretario general de Junts Jordi Turull, que tiene pendiente el perdón de la pena de inhabilitación que le impuso el Supremo por malversación, en su caso hasta 2030. Ese primer fallo marcará el desenlace de las que afectan a Junqueras -hasta 2031- y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa.

El aval de la justicia europea al perdón ha movido al Supremo a sacar del cajón varias amnistías por delitos de desobediencia vinculados a políticos independentistas que no había resuelto aún, pese a que el Constitucional rechazó hace más de un año sus alegaciones contra la ley.

En un gesto que no puede desligarse de fallo del TJUE, el alto tribunal ha amnistiado en las últimas semanas a Meritxell Serret -la primera consellera del Govern del 1-O que obtiene el perdón-, al expresidente del Parlament Roger Torrent y a una decena de miembros de la Mesa de Junts y ERC, en la etapa del procés.

Desde Suiza, adonde huyó a raíz de la causa del procés, la exsecretaria general de ERC y exportavoz de su grupo en el Parlament Marta Rovira espera la amnistía del delito de desobediencia del que está acusada, tras archivarse su imputación por terrorismo por su papel en la plataforma anónima Tsunami Democràtic. Hace meses, el Supremo remitió su causa a la Audiencia de Barcelona, que sigue sin decidir.

La sentencia del TJUE dio respuesta a las dudas del Tribunal de Cuentas sobre el encaje de la amnistía de la malversación en las leyes europeas, pero el órgano fiscalizador de cuentas se resiste a aplicarla inmediatamente a los gastos del procés, como piden los encausados, entre ellos Puigdemont, Junqueras y el expresident Artur Mas.

La consejera del Tribunal Elena Hernáez ha planteado a las partes explorar un resquicio legal y dejar fuera de la amnistía la factura del procés, si se prueba que esta se sufragó con fondos europeos, lo que le ha valido una denuncia de Puigdemont ante la Comisión Europea por desoír el fallo del TJUE. Con el mes de agosto inhábil, su decisión se hará esperar hasta pasadas las vacaciones, como pronto.

Los CDR acusados de terrorismo

Los doce CDR procesados por planear sabotajes en respuesta a la sentencia del procés han urgido su amnistía a la Audiencia Nacional después de que el TJUE diera luz verde al perdón del delito de terrorismo, siempre que no entrañe vulneraciones graves de derechos humanos.

La sala se ha ido de vacaciones sin resolver la petición de archivo de esta causa, en la que los procesados afrontan penas de hasta 29 años de cárcel, por lo que la decisión sobre su amnistía se difiere hasta septiembre.

Otros encausados que ven despejado su camino para la amnistía tras el fallo de la justicia europea son los ex altos cargos de ERC en el Govern Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ambos a la espera de juicio por malversación por organizar el referéndum del 1-O desde la consellería que dirigía Junqueras.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió su proceso y elevó también cuestiones prejudiciales a Europa que están pendientes de resolver, pero los procesados creen que la doctrina del TJUE ya es extrapolable a su caso y deben ser amnistiados de inmediato.

Mejor suerte corrieron los 35 miembros del "sottogoverno" de Puigdemont procesados por los preparativos del referéndum, que en un caso análogo al de Jové y Salvadó fueron amnistiados por la Audiencia de Barcelona en junio del año pasado.

Tras más de dos años y sucesivos cambios de manos entre instancias judiciales por discusiones competenciales, hace apenas unas semanas un juzgado de Barcelona concedió la amnistía a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, que el Parlament nombró en 2017 para que operara como una suerte de junta electoral del referéndum. Entre ellos, la exconsellera y diputada de ERC Tània Verge y el diputado de Junts Josep Pagès.

El TSJC tiene también sobre la mesa la amnistía del expresidente catalán Quim Torra, condenado a inhabilitación por desobediencia por desoír la orden de retirar los lazos amarillos de edificios públicos. En noviembre del año pasado, el Constitucional rechazó sus objeciones a la ley, pero el perdón sigue sin llegar.

Junto al exconseller de Interior Miquel Buch -condenado por mantener a un escolta de Puigdemont tras su huida-, los primeros en lograr la amnistía fueron manifestantes involucrados en disturbios durante el 'procés'. La ley se les aplicó casi al mismo tiempo que a los 46 policías nacionales encausados por las cargas para impedir el referéndum.

De hecho, policías y manifestantes constituyen el grueso de los cerca de 400 encausados que han sido amnistiados desde que hace dos años entró en vigor la ley, 160 de ellos miembros de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las cifras que maneja el independentismo. Quedaron excluidos de la ley los cuatro agentes procesados por dejar tuerto al activista Roger Español con una pelota de goma.

Tras la sentencia del TJUE, el Supremo ha aplicado a su vez la amnistía a dos manifestantes encausados por desórdenes públicos por los alborotos en las protestas contra la sentencia del 'procés', cuyos recursos estaban en manos del alto tribunal. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8013517214 / 8013517575)