Barcelona, 29 jul (EFE).- Los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado una proposición de ley que prevé incorporar en el reglamento del Parlamento catalán el régimen sancionador para multar "incitaciones al odio" con entre 600 y 6.000 euros, si la infracción es grave, y con entre 6.001 y 12.000 euros, si es muy grave.
De acuerdo con el nuevo redactado, que previsiblemente será aprobado por el pleno al contar los cinco grupos proponientes con una mayoría parlamentaria, los diputados no podrán usar "un lenguaje ofensivo o difamatorio" que sea "discriminatorio, calumnioso o que fomente, promueva o incite al odio".
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Los parlamentarios también deberán abstenerse de "ejercer cualquier tipo de violencia, incluida la violencia machista, racista y LGTBIfóbica".
Las sanciones, hasta ahora incluidas en el Código de Conducta, se incorporan al reglamento para dotarlas de mayor seguridad jurídica: las faltas leves se sancionarán con amonestaciones públicas, las graves conllevarán multas de entre 600 y 6.000 euros y las muy graves, de entre 6.001 y 12.000 euros.
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El texto de reforma del reglamento, que plantea modificar nueve artículos, se ha registrado después de que ayer martes la Mesa del Parlament decidiera "amonestar" públicamente a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, por infracciones "leves" del código de conducta.
Fuentes parlamentarias ya señalaron ayer que con el actual redactado la Mesa no estaba en condiciones de "hacer más".
La reforma especifica que la sanción se pagará mediante la retención de la asignación económica mensual del diputado multado, hasta alcanzar un porcentaje máximo del 30 %.
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Asimismo, el diputado sancionado tendrá prohibido formar parte de delegaciones del Parlament en organismos interparlamentarios o foros interinstitucionales, por un periodo máximo de un año, en el caso de las faltas muy graves.
Sí se podrá interponer un recurso motivado de reconsideración en el plazo de cinco días, que la Mesa deberá resolver de forma definitiva en quince días.
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La Comisión del Estatuto del Diputado seguirá teniendo la competencia para investigar los hechos e informar luego a la Mesa. EFE
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