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El Gobierno de Navarra estudia personarse en la causa de la adjudicación de Belate

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Pamplona, 27 jul (EFE).- El Gobierno de Navarra estudiará solicitar su personación en la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate, en el caso de que pudiera existir un daño patrimonial para la Hacienda foral.

Según han indicado fuentes del Ejecutivo foral a EFE, el Gobierno expresa su "máximo respeto" a las diligencias judiciales y policiales y reitera su compromiso de colaboración con la investigación, una colaboración que, según han señalado, ya se ha materializado con la aportación de información por parte de la Hacienda Foral.

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El Gobierno recuerda que ya intentó personarse en la causa que instruía el Tribunal Supremo, aunque esa petición fue rechazada, y señala que ahora analizará si solicita hacerlo ante la Audiencia Nacional.

El Ejecutivo recuerda que la presidenta María Chivite ha manifestado en varias ocasiones, la última el pasado viernes en el Parlamento navarro, su deseo de que la cuestión quede aclarada judicialmente, al considerar que se ha extendido la sospecha sobre una adjudicación que, según defiende, fue resuelta por una mesa de contratación técnica que actuó de forma "absolutamente autónoma".

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Asimismo, reivindica su apuesta por la transparencia y destaca que, tras el levantamiento del secreto de sumario, la presidenta María Chivite encargó una triple auditoría sobre la adjudicación.

En relación con la ampliación de los túneles de Belate, el Ejecutivo sostiene que la adjudicación se realizó con un reparo "no suspensivo" de la Intervención Delegada y que posteriormente obtuvo el aval de la Intervención General, al considerar que el procedimiento se abordó mediante una deliberación "adecuada".

Añade también que la Cámara de Comptos concluyó que no existió "responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza" y que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra descartó la existencia de presiones o injerencias políticas en el proceso de adjudicación.EFE

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