Vox ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue por responsabilidad contable a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa por la plaza que se le concedió de manera irregular, según la sentencia, en la institución provincial pacense.
En una denuncia, recogida por Europa Press, el partido que lidera Santiago Abascal insta a que se recabe de la Diputación de Badajoz "información y documentación adicional acreditativa de las cantidades efectivamente abonadas" por los contratos llevados a juicio, "incluyendo hasta la fecha actual, así como de las personas que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron dichos pagos".
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La formación señala que hay "indicios racionales" de que las cantidades abonadas por la Diputación de Badajoz al hermano de Sánchez con cargo a fondos públicos ascendieron a 280.845,63 euros entre 2017 y 2024.
"Este es un saldo deudor injustificado en las cuentas de dicha entidad, en la medida en que los puestos de trabajo habría sido creado y provisto de forma irregular y la persona perceptora no habría desarrollado de forma efectiva y regular las funciones inherentes al mismo. Por tanto, es susceptible de generar responsabilidad contable para el propio perceptor y para quienes autorizaron, ordenaron o no impidieron dichos pagos", indica.
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Además, pone el foco en que es "igualmente procedente" que el Tribunal de Cuentas recabe de la Diputación de Badajoz información sobre las retribuciones percibidas por Luis María Carrero, que fue asesor en la Presidencia del Gobierno y después tuvo un puesto en la institución pacense.
Vox apunta que en la documentación aportada no consta informe sobre las retribuciones percibidas ni sobre las funciones efectivamente desempeñadas por Carrero en dicho puesto, "a diferencia de lo sí documentado respecto de David Sánchez".
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Quiere "esclarecer si dichas cantidades guardan la debida correspondencia con una prestación de servicios efectiva o si, por el contrario, pudieran constituir un saldo deudor injustificado (alcance) susceptible de generar responsabilidad contable".
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a Sánchez y Carrero a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años por el delito de prevaricación administrativa.
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