Indamitida la querella de Vox por revelación de secretos tras el registro en el Ayuntamiento de Soria

La Sección de Instrucción (Plaza 2) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado inadmitir de la querella de Vox por revelación de secretos sobre las diligencias llevadas a cabo en el registro del Ayuntamiento de Soria el 23 de junio al considerar que "no existen indicios racionales de criminalidad".

La resolución, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Soria.

Vox presentó esta querella para que se investigara un posible delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público sobre las diligencias llevadas a cabo en el registro del Ayuntamiento soriano y se esclareciera la intervención que hubiera podido tener el secretario autonómico del PSOE y portavoz parlamentario, Carlos Martínez.

En el escrito de la querella registrada por Vox se pedía que se determinara la identidad del funcionario público o autoridad que conocía la existencia y fecha del operativo policial llevado a cabo en el Ayuntamiento de Soria, así "como de las entradas y registros judiciales" realizados y que fueron revelados a una tercera persona "ajeno a la causa".

Asimismo, reclamaba que se esclareciera "en particular" la intervención que hubiera podido tener Carlos Martínez "que ha manifestado públicamente que tuvo conocimiento de la diligencia reservada de entrada y registro con antelación a su práctica", según consta en el escrito de la querella.

AVISO DEL REGISTRO

Igualmente, Vox recogió en la misma que Martínez, alcalde de Soria hasta el pasado mes de abril, había declarado al diario El País que supo con antelación que la Guardia Civil acudiría al Consistorio a pedir documentación sobre un posible caso de delito menor de tráfico de influencias".

"El propio Martínez no aclaró quien le había avisado, apuntándose en las informaciones publicadas que la advertencia podría proceder de la Subdelegación del Gobierno en Soria o del Ministerio del Interior", como así consta en el escrito de la querella. Unas declaraciones que Vox apunta a que han sido publicadas en otros medios de comunicación.

En dicho escrito, Vox argumentó que conocer un registro acordado por orden judicial y "filtrar" dicha información ponía "en peligro toda la investigación judicial, al permitir la destrucción pruebas y hacer completamente inútil la practica de una diligencia de investigación".

Al respecto, Vox precisó que dicha información solo puede obtenerse de quien, por razón de su oficio o cargo, tiene acceso legítimo a ella, es decir, autoridades y funcionarios intervinientes en la instrucción, en su dirección, en su coordinación gubernativa o en la ejecución del dispositivo.