'Hecho en España; apto para otros mundos', 30 años de investigación aplicada en España

Madrid, 18 jul (EFE).- La federación que reúne a los centros tecnológicos españoles cumple 30 años consolidada como un referente de la investigación aplicada, con cifras que avalan el impacto de estas entidades en el PIB o el empleo y el foco puesto en tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial o las que pueden facilitar la habitabilidad en la Luna.

"Hecho en España; apto para otros mundos" es uno de los eslóganes con el que la Federación de Centros Tecnológicos de España (Fedit) -que agrupa a sesenta centros de todas las comunidades- celebra su aniversario y acentúa la importancia de transformar el conocimiento científico en soluciones reales y en la relevancia de estos centros para lograr desarrollos tecnológicos extremos.

La presidenta de Fedit, Laura Olcina, ha incidido en la labor de los centros como catalizadores del conocimiento científico y conectores del conocimiento con las necesidades reales de la empresa y de la sociedad y ha valorado la capacidad que han demostrado de transformar los avances en soluciones "que llegan al mercado, generan competitividad y mejoran la vida de las personas".

Olcina, que acaba de obtener el Premio Nacional de Innovación (modalidad 'Trayectoria Innovadora') que concede el Ministerio de Ciencia, dirige desde 2002 el Instituto Tecnológico de Informática, un centro especializado en tecnologías de la información y las comunicaciones que emplea a más de 300 profesionales y colabora con más de 400 empresas.

En declaraciones a EFE, Laura Olcina ha manifestado que los grandes retos del futuro, como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la habitabilidad en la Luna, "requieren combinar muchas disciplinas y tecnologías, y ninguna organización puede abordarlos por sí sola".

"Necesitamos ecosistemas sólidos, colaboración público-privada y estructuras capaces de convertir el conocimiento en innovación con impacto, y ese es precisamente el espacio que ocupan los centros tecnológicos", ha dicho.

El papel principal de los centros es conectar el conocimiento científico con el mercado, en especial en aquellas compañías que no disponen del tamaño o los recursos propios para desarrollar actividades de investigación, y el Ministerio de Ciencia, en un informe sobre transferencia del conocimiento, los cita como los agentes que concentran el mayor volumen de ingresos por actividades de transferencia y el mayor número de contratos de I+D con terceros.

Aunque hay antecedentes históricos de centros tecnológicos con más de un siglo (como el surgido en Tarrassa en 1906 para dar respuesta a las necesidades tecnológicas del sector textil), el modelo se desarrolló sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX; desde 2008 tienen un marco legal propio; y desde 1996 cuentan con una organización (Fedit) que los representa y se ha consolidado como uno de los principales interlocutores de la investigación aplicada.

Según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, los centros tecnológicos generan un impacto económico global de unos 7.700 millones de euros en el PIB, sostienen unos 128.000 puestos de trabajo; y aportan casi 4.000 millones de euros a las arcas públicas en concepto de recaudación.

Entre las tecnologías más disruptivas en la que algunos centros están poniendo el foco figuran, además de algunas enfocadas a garantizar la supervivencia humana fuera de la Tierra, la inteligencia artificial, la computación cuántica o los semiconductores.

Para aprovechar la 'revolución tecnológica' que augura la Fedit, la organización ha propuesto una hoja de ruta para que la investigación, el desarrollo y la innovación llegue a más empresas y se traduzca en autonomía tecnológica y estos centros se consoliden como catalizadores de la transferencia del conocimiento científico y 'puente' entre la investigación y las soluciones tangibles.

Apunta en esa propuesta tres prioridades: crear un programa de financiación estructural y competitivo para los centros tecnológicos basado en resultados a medio y largo plazo (con plazos de entre 5 y 10 años); avanzar hacia una red nacional para que puedan participar de forma conjunta en grandes iniciativas públicas y privadas; y revisar las políticas públicas de I+D+i para que sean más estables a largo plazo y tengan más en cuenta el impacto sobre las empresas. EFE

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