Las administraciones de lotería piden a Hacienda que garantice el futuro del sector

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Madrid, 17 jul (EFE).- Las administraciones de lotería han reclamado al ministro de Hacienda, Arcadi España, su implicación directa para abordar medidas que garanticen la continuidad de la red comercial, ante "el progresivo deterioro" de la rentabilidad económica por la congelación de las comisiones que reciben los puntos de venta.

Los representantes de las tres organizaciones que agrupan a las administraciones de lotería, Defensa Digital (Dedit), Loteros en la Lucha (LELL) y Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal), han remitido una carta al ministro para denunciar "la falta de respuesta institucional", y solicitan una reunión urgente para tratar el conflicto que afecta a estos establecimientos.

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Entre sus reivindicaciones, destacan la inseguridad jurídica en torno a la comercialización 'online' de los productos de lotería y "el progresivo deterioro" de la rentabilidad económica de las administraciones por la ausencia de una actualización de las comisiones que perciben los puntos de venta, pese al incremento continuado de sus costes de explotación.

Según las asociaciones, "esta situación está comprometiendo seriamente la sostenibilidad de la red comercial y poniendo en riesgo un modelo de distribución que constituye uno de los principales activos de Loterías y Apuestas del Estado".

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En un comunicado, denuncian que han trasladado reiteradamente sus reivindicaciones durante los últimos años tanto a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) como a Patrimonio del Estado, la Dirección General de Ordenación del Juego y el propio Ministerio de Hacienda, sin que se hayan producido avances significativos.

Coincidiendo con la presentación de la campaña de verano y el inicio de la venta de la lotería de Navidad, las asociaciones se concentraron frente a la sede de Selae para dar visibilidad a su situación y reclamar una revisión del modelo de venta con nuevas comisiones ante la congelación de los precios, que continúan siendo los mismos desde 2002.

Por ello, reclaman la apertura de un proceso de diálogo con las administraciones mediante una mesa de trabajo para abordar una modernización del modelo, ofrecer seguridad jurídica y garantizar la continuidad de una red comercial que presta un servicio esencial y de proximidad a millones de ciudadanos. EFE

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