Barcelona, 10 jul (EFE).- La exconsellera de Salud Alba Vergés (ERC) declara este viernes en el juicio en el que la Fiscalía le pide 12 años de inhabilitación por presuntamente discriminar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña al retrasar su vacunación por el coronavirus.
En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona se reanuda hoy el juicio a la cúpula de Salud durante la pandemia, en que está previsto que declaren también el entonces número dos del departamento Marc Ramentol, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, y el exresponsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez, en su caso solo acusado por los sindicatos policiales.
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El otro acusado, el secretario de Salud Pública durante la pandemia, Josep Maria Argimon, ya declaró el pasado martes para defender ante el tribunal que priorizar la vacunación a las personas de entre 60 y 65 años fue una "decisión bien tomada" a nivel "clínico, epidemiológico y ético", aunque en su caso pidió mantener la inmunización a la Policía Nacional y Guardia Civil por "logística".
En su declaración en instrucción, Vergés, que también fue vicepresidenta del Parlament, alegó que el calendario de vacunación contra el coronavirus se consensuó con el ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables.
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La Fiscalía sostiene por el contrario que los acusados eran "plenamente conscientes" de que al posponer la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles "estaban, de hecho, discriminando" a los agentes de esos cuerpos, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos".
En el juicio, que arrancó el pasado 30 de junio, han testificado los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Cataluña por la covid, que destacaron que su relación con la Generalitat fue "fluida", buscando siempre soluciones a los problemas que surgían.
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En la primera sesión del juicio, el tribunal acordó retirar el delito contra el derecho de los trabajadores que los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil atribuían a los acusados, y que era el único que podía comportar penas de prisión. EFE.
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