El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha admitido a trámite un recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del instructor de rechazar la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar información tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social en la investigación que afecta a Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
En una providencia dictada el 29 de junio, a la que tuvo acceso Europa Press y adelantada por la 'Cadena SER', el magistrado admite a trámite el recurso contra el auto de 10 de junio, posteriormente aclarado el 26 de junio, y concede un plazo de cinco días a las partes personadas para presentar alegaciones antes de remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial.
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En su recurso, el fiscal solicita que la Audiencia revoque la decisión del instructor y acuerde librar los requerimientos de información tributaria y de Seguridad Social que había solicitado la UCO a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Anticorrupción recuerda que la investigación patrimonial fue encomendada a la UCO para esclarecer si el producto de las presuntas actividades delictivas pudo ser transformado o disimulado para ocultar su origen ilícito.
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En ese marco, la Guardia Civil pidió información sobre tres personas físicas --Alberto González Amador, Gloria Carrasco Fernández y Fernando Javier Camino Marculet-- y tres sociedades vinculadas al empresario.
El fiscal discrepa de la negativa del instructor por tres motivos. En primer lugar, sostiene que resulta incoherente autorizar el acceso a los movimientos bancarios de los investigados y rechazar, en cambio, información tributaria y de la Seguridad Social, que considera menos invasiva y además ya obra en poder de la Administración.
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En segundo lugar, subraya que la propia UCO ha advertido de que carecer de esos datos dificulta "enormemente" el cumplimiento de la investigación, al tratarse de información complementaria a la bancaria y necesaria para realizar un análisis económico conjunto que permita detectar posibles flujos no declarados o discordancias relevantes para la causa.
Por último, Anticorrupción considera que aplazar esos requerimientos perjudica tanto al interés público como a los propios investigados al prolongar innecesariamente la instrucción. Por ello, interesa que la Audiencia Provincial ordene recabar la información solicitada por la UCO en sus oficios de diciembre de 2025 y junio de 2026.
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