Madrid, 7 jul (EFE).- La Comisión de Transportes del Senado ha aprobado este martes incorporar a la proposición de ley orgánica de transferencia de la autopista AP-9 a Galicia siete enmiendas del PP que reconvierten el texto en el mismo que salió por unanimidad del Parlamento gallego, obviando los cambios que introdujo el Congreso.
El texto tendrá que ser refrendado el jueves en el pleno extraordinario del Senado y, tras su previsible aprobación, volverá al Congreso, donde por mayoría absoluta podrán suprimirse las enmiendas introducidas en el Senado.
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Estas han sido aprobadas por 17 síes frente a 11 noes en la votación de la Comisión.
En el debate previo, José Manuel Barreiro, del PP, ha remarcado que hubo unanimidad en Galicia, por lo que "los que han roto el consenso tendrán que explicar por qué lo han hecho", en referencia al PSOE y el BNG, ya que si introdujeron luego mejoras, "por qué no las propusieron en el Parlamento gallego" antes, les ha preguntado.
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A su juicio, la proposición que aprobó el Congreso carece de garantías de que Galicia no sufrirá consecuencias económicas.
La senadora del BNG, Carme da Silva, ha asegurado que la Xunta estará "exenta de cualquier tipo de responsabilidad económica" aunque adquiera la titularidad y no solo las competencias.
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Ello gracias a los acuerdos con el Gobierno español en ese sentido, ha añadido, en referencia a "la prórroga de la concesión ilegal que hizo el Gobierno de José María Aznar, que es lo que hace que siga siendo de peaje".
"Tengan lealtad a Galicia y aclaren por qué el PP no quiere la transferencia de la titularidad", ha pedido Da Silva al grupo mayoritario del Senado, y les ha reclamado que "no utilicen después la comisión mixta de transferencias para boicotear el acuerdo".
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El senador socialista Manuel Mirás también ha aseverado que "todos los gastos seguirán en la Administración General del Estado" y que "Galicia no lo sufrirá", porque "se evita en la ley".
Además, Mirás ha recordado que "ninguna transferencia termina con la aprobación de la ley orgánica", sino que las cuestiones económicas y técnicas han de negociarse en la comisión bilateral, que es "una fase posterior", por lo que las críticas del PP muestran su "desconfianza en los mecanismos del ordenamiento jurídico". EFE
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