Hacienda informa al juez de que investiga obligaciones tributarias de Zapatero y su familia entre 2021 y 2024

La Agencia Tributaria (AEAT) ha informado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, de que mantiene abierta una investigación sobre las obligaciones tributarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas entre 2021 y 2024.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Calama da cuenta de que Hacienda le ha informado de la apertura de "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" tributaria sobre el exlíder socialista, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, y el empresario Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante y socio y amigo de Zapatero.

Según el auto, la investigación de Hacienda, que abarca también a varias personas jurídicas, entre ellas la empresa What The Fav, de las hijas del expresidente, versará sobre los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

El juez acuerda integrar estas actuaciones en el procedimiento y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal" para que emita un informe al respecto, añade la resolución.

EVITAR DUPLICIDADES

En la comunicación remitida al juez instructor, la Agencia Tributaria indica que ante la "posible relación de los hechos que están siendo objeto de comprobaciones administrativas con actuaciones judiciales en el ámbito penal", se considera que "concurren circunstancias de prejudicialidad penal" que, a la postre, "permitirían suspender los procedimientos inspectores de comprobación e investigación seguidos cerca de los obligados tributarios" de Zapatero y su familia.

"No obstante, dicha suspensión de los procedimientos inspectores por prejudicialidad penal sólo será posible en caso de recibir la comunicación del órgano jurisdiccional en el que se ordenara la paralización de los procedimientos inspectores", señala la AEAT, subrayando que la paralización mencionada "interrumpe los plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación".

La AEAT expone algunos de los argumentos por los que considera que con la investigación tributaria a Zapatero y su entorno puede estar concurriendo una situación de "prejudicialidad penal".

Entre ellos, cita motivos de "economía procesal", puesto que "no es lógico" que las investigaciones se lleven a cabo en ámbitos judiciales y administrativos distintos o de "eficacia", que se conseguiría llevando a cabo la investigación en la sede penal.

También para evitar "duplicidades" entre la investigación penal y administrativa, puesto que ese escenario podría dar lugar a una posible "utilización ineficiente de los recursos públicos" que "podría generar que las conclusiones a las que se llegaran en vía administrativo fueran distintas a las de la vía penal", lo que, en último término, podría "perjudicar el buen fin de ambas investigaciones".

Por lo anteriormente expuesto, la Agencia Tributaria solicita a Calama que, si lo entiende oportuno, "proceda a ordenar la paralización de los procedimientos inspectores que se siguen cerca de los siguientes obligados tributarios".

HACIENDA, PERSONADA COMO PERJUDICADA

Por otro lado, según una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez Calama informa de que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron encontradas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar.

Fuentes del Gobierno indicaron a Europa Press este jueves que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, estaba ultimando los trámites para personarse a través de la Abogacía del Estado.

El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa.

A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.

Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".