Urtasun dice que Zapatero debió entregar las joyas a Patrimonio del Estado si fueron un regalo: "Es de cajón"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendría que haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas intervenidas en los registros del caso 'Plus Ultra', en caso de que fueran un regalo del rey de Arabia Saudí.

"Es de cajón", ha subrayado durante una entrevista en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, en relación a la decisión del juez José Luis Calama de abrir una investigación separada por presunto delito fiscal y contrabando ante la posesión de estas joyas, tasadas en 1,3 millones de euros.

"Una cosa es un regalo de cortesía. Yo me veo con un ministro y me regala un libro. Esto es algo que ocurre habitualmente. Pero los obsequios que tienen un determinado valor, y estos nos los dan en función del cargo que tenemos, no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a la administración", ha dicho.

Por otro lado, ha señalado que las informaciones relativas Sumar, aunque ha denunciado también que hay una "operación de acoso" de parte de algunos sectores contra el Gobierno.

Asimismo, ha apuntado que se debería aspirar a ejercer la función pública sin corrupción y que no está "bien" regulada la actividad laboral de los expresidentes.

ELEVAR EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS EXPRESIDENTES

También ha explicado que un expresidente tiene dos posibilidades en su futuro laboral una vez deja el cargo: una es tener un sueldo en el Consejo de Estado (que lo hace incompatible con la actividad privada) y otra es tener una oficina de expresidente con un sueldo (compatible con la actividad privada).

"O te coges en la oficina de expresidente y tienes un sueldo público, y por tanto tienes incompatibilidades para realizar actividad privada, o te dedicas a la empresa privada y renuncias al sueldo público. Ambas cosas a la vez, que era lo que tenía el señor Zapatero, pues eso no puede ser", ha dicho.

Finalmente, ha remarcado que desde Sumar consideran "muy poco" los dos años de régimen de incompatibilidades que tiene un expresidente cuando deja la presidencia del Gobierno, y que proponen elevarlo a diez.