Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

Un informe de la Fundación Economía y Salud advierte de que España necesita una reforma estructural urgente de la incapacidad temporal, un sistema que solo en 2025 generó un gasto de 33.000 millones de euros y que coloca al país como el de mayor incidencia de bajas laborales del mundo. El documento, elaborado a partir de una jornada celebrada en marzo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, reúne las conclusiones de economistas, juristas, médicos, sindicatos y representantes de mutuas, y reclama un acuerdo político comparable al que en su día reformó el sistema de pensiones.

El informe señala que la incapacidad temporal padece los mismos males que amenazaban las pensiones antes de aquel consenso: crecimiento insostenible del gasto, fragmentación institucional, incentivos mal alineados y un marco normativo que no responde a la realidad del mercado laboral del siglo XXI. El gasto en incapacidad temporal se ha duplicado desde 2019 y ha crecido más de un 60% en la última década, con cerca de un millón de trabajadores ausentes cada día y más de 377 millones de jornadas perdidas al año.

La arquitectura del problema, según los expertos reunidos por la Fundación Economía y Salud, tiene un nudo central: quien certifica la baja no asume su coste. Los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas emiten los partes médicos, pero la factura la pagan la Seguridad Social y las empresas. Esa disociación genera, en palabras del informe, “un sistema de incentivos perverso” en el que quien reconoce la prestación carece de motivación para controlar su duración, y quien la financia tiene escasa capacidad para intervenir.

Un sistema sanitario saturado

A esa disfunción de gobernanza se suma la presión que la gestión burocrática de las bajas ejerce sobre la atención primaria. Según el documento, en algunos centros hasta tres cuartas partes del tiempo de consulta se destina a tareas administrativas vinculadas a la incapacidad temporal, lo que reduce la capacidad resolutiva del médico y deteriora la calidad asistencial. Las listas de espera en especialidades como traumatología prolongan artificialmente los procesos: la baja se convierte en una sala de espera del propio sistema sanitario.

Además, el informe identifica la salud mental como el nuevo epicentro de la crisis. Las bajas por causas psiquiátricas crecieron un 175% en la población general y un 375% entre los menores de 35 años en la última década. Hoy, uno de cada tres procesos prolongados de incapacidad temporal tiene origen en trastornos mentales, y cerca del 80% de quienes llevan más de 545 días de baja por esa causa no accede a una incapacidad permanente, por lo que debe reincorporarse tras año y medio de ausencia sin mecanismos de retorno gradual.

Precisamente, la ausencia de figuras intermedias entre la baja total y la jornada completa es una de las carencias más señaladas. Países como los Países Bajos, el Reino Unido y los países nórdicos disponen desde hace décadas de sistemas de reincorporación progresiva que reducen la duración de los procesos y previenen recaídas. En España, esa figura es prácticamente inexistente en el ordenamiento jurídico. El informe plantea también revisar situaciones que el marco actual no resuelve: un teletrabajador con una lesión que le impide desplazarse pero no trabajar desde casa, o un trabajador en pluriempleo cuya baja afecta solo a una de sus actividades, quedan hoy atrapados en una lógica de todo o nada.

Las recomendaciones de los expertos

Las propuestas del documento se articulan en tres horizontes temporales. A corto plazo, los autores reclaman la simplificación normativa y la digitalización integral de los procesos. A medio plazo, proponen reformar la gobernanza, rediseñar los incentivos y crear unidades especializadas de gestión. El horizonte más ambicioso contempla el desarrollo de sistemas predictivos basados en inteligencia artificial y la consolidación de un modelo de salud laboral interoperable entre administraciones.

En concreto, los expertos reclaman en el capítulo de gobernanza actualizar el Real Decreto 1299/2006 sobre enfermedades profesionales por quedar obsoleto ante los riesgos psicosociales emergentes, homogeneizar los baremos de recuperación óptima entre comunidades autónomas y reforzar las plantillas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con 300 inspectores adicionales y más psicólogos. El horizonte que describen es un sistema “público en universalidad, privado en agilidad”, con mutuas financiadas por cotizaciones y con capacidad de atención sanitaria plena para los trabajadores, pero sin recortes a la protección ni merma de los derechos adquiridos.

Otro eje de reforma pasa por la interoperabilidad de los sistemas de información sobre incapacidad temporal. Hoy, un inspector del INSS o un facultativo de una mutua no puede acceder a la historia clínica del servicio público de salud. El informe reclama que esa información fluya entre administraciones, con pleno respeto a la normativa de protección de datos y sin que los registros clínicos salgan del ámbito de la sanidad pública. El documento propone además la creación de un Observatorio de la IT con participación multidisciplinar, capaz de hacer un seguimiento riguroso y homogéneo de datos, causas y resultados en todo el territorio.