Presidentes de audiencias provinciales piden reformar el protocolo de coordinación contra la violencia de género

Las XXIV Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales, celebradas en Ávila, han apostado firmemente por el modelo de las Comisiones Provinciales de Coordinación contra la violencia de género como una herramienta válida para la protección de las víctimas.

Para optimizar su funcionamiento, los participantes en el cónclave de máximos responsables de las audiencias provinciales, que ha clausurado este mediodía la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, han interesado al Consejo General del Poder Judicial la modificación de su protocolo aprobado en 2018, de manera que se permita la inclusión de otras instituciones relacionadas con la atención a estas mujeres.

Asimismo, han instado a que las actas correspondientes se remitan directamente al Observatorio contra la violencia doméstica y de género del órgano de gobierno de los jueces, además de a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

En materia penal y organizativa, los presidentes han respaldado decididamente la comarcalización de la violencia de género impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, al entender que corrige desigualdades territoriales, aunque han advertido de que requiere una dotación suficiente y estable de medios económicos y humanos para evitar retrasos. Debe adaptarse a las características de cada partido judicial y a las necesidades de las víctimas, evitando que la reorganización territorial se convierta en una barrera de acceso a la justicia por la distancia a la sección comarcalizada.

En este contexto, han solicitado revisar con carácter urgente la sobrecarga que padecen las Secciones de Violencia sobre la Mujer tras asumir las competencias en delitos de violencia sexual y trata. Adicionalmente, han propuesto la creación de Secciones especializadas de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en los partidos judiciales con suficiente carga de trabajo y el correcto uso de los dispositivos telemáticos de última tecnología.

En cuanto a las pulseras y medios telemáticas, coinciden todos ellos en que acreditan evidentes ventajas en cuanto que protegen realmente a las víctimas, dejan constancia documental del incumplimiento de una orden judicial de protección y constituyen un importante factor de disuasión.

MEJORAR TÉCNICAMENTE LAS PULSERAS

Sin embargo, advierten de que el incremento de dispositivos en funcionamiento precisa de un número suficiente de personal técnico en el Centro Cometa que dé agilidad y evite retrasos en su instalación. Urgen dispositivos de última tecnología, con baterías de mayor duración, más manejables y que permitan fijar con precisión cualquier distancia de seguridad y que aseguren la cobertura en todo el territorio nacional, incluyendo balizas satelitales donde fueran necesarias, para interferir lo menos posible en la vida ordinaria de las víctimas.

Igualmente, ven necesaria y perentoria la correcta aplicación del artículo 48 pfo.2º de la LO 10/2022 por la que los centros sanitarios deben proceder a la recogida de muestras y otras evidencias, con independencia de que, en el momento inicial exista o no denuncia de la víctima de violencia sexual, garantizando la cadena de custodia para su debida remisión al IML.

Por lo que respecta al recurso de apelación en el orden civil, el encuentro ha planteado la necesidad de introducir herramientas en el expediente digital para comunicar de forma automática la interposición del recurso a la plaza de instancia de origen. Del mismo modo, han sugerido modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que el tribunal, de forma colegiada, pueda rechazar de plano los recursos que resulten manifiestamente infundados, reconociendo al apelante el derecho de reposición.

LÍMITE DE 6.000 EUROS PARA RECURRIR

Entre otras reformas civiles, han propuesto extender el requisito de consignación de la cantidad de la condena a los procesos verbales sobre condiciones generales de la contratación y elevar a 6.000 euros el límite económico para poder recurrir en apelación.

En el ámbito procesal penal, los magistrados han calificado el actual sistema de recursos como el resultado caótico de reformas parciales, asegurando que la redacción desde cero de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es el único paso serio para un sistema moderno. Mientras tanto, han sugerido eliminar el doble régimen de recursos en resoluciones interlocutorias, restringiendo la apelación a decisiones esenciales como las medidas cautelares o las que ponen fin a la instrucción. También han solicitado regular un mecanismo excepcional que permita al órgano de apelación evitar la excarcelación inmediata de un investigado en caso de anulación formal del auto de prisión provisional.

Finalmente, los presidentes han abordado los nuevos retos de la Oficina Judicial introducidos por la Ley Orgánica 1/2025, capítulo en el que entienden que existe una tensión entre la gestión eficiente de recursos y la autonomía funcional de la jurisdicción. Para solucionar las disfunciones detectadas en los primeros meses de implantación, han pedido al Consejo General del Poder Judicial la aprobación de una instrucción específica que regule los mecanismos de coordinación institucional.

Con el fin de blindar su autonomía, han reclamado que la gestión de señalamientos permanezca bajo la dirección de las Presidencias de Sala y Sección, rechazando una homogeneización absoluta de las agendas, y han encomendado impulsar la elaboración de un Estatuto de la Presidencia de Audiencia Provincial.