Bilbao, 12 jun (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha explicado que la gestión por parte del ex fiscal general Álvaro García Ortiz en octubre de 2024 en relación a una denuncia contra cuatro jueces, entre los que estaría Beatriz Biedma, la instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en Badajoz, siguió el trámite "establecido y habitual".
El ex fiscal general ha asistido este viernes en Bilbao al congreso de la asociación judicial europea Medel, donde, preguntado por los periodistas, ha preferido no hacer declaraciones en relación a la información difundida por El Confidencial que dice que García Ortiz "tramitó una denuncia" contra la jueza Biedma "como planeó (la exmilitante socialista) Leire (Díez) en su agenda".
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Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado que el 21 de octubre de 2024 se recibió "una denuncia contra cuatro jueces y un abogado de Badajoz presentada por L.J.S.T.V.", un exjuez del que se habría servido el grupo de la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente", según la investigación del caso Leire.
En la denuncia se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales, si bien ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales. La denuncia fue archivada "por defectos formales", según las fuentes.
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Ante ello, el exjuez dirigió una queja por burofax al entonces fiscal general del Estado, quien, a su vez, "siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la FGE para que le diese el curso oportuno".
Según han indicado fuentes del entorno del ex fiscal general, se trató de un oficio interior de envío ordinario, un trámite habitual en la Fiscalía General, han asegurado.
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Desde la Fiscalía General del Estado, las fuentes apuntan a que el denunciante solicitaba en su burofax que se tramitara la denuncia "en la forma que se considerase adecuada", independientemente de la normativa a la que invocó en su primer escrito.
La Secretaría Técnica optó, ante ello, por remitir la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la de Extremadura.
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La Fiscalía General del Estado, según ha asegurado, no dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder en este caso. EFE
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