Suspendida la concertación del Bachillerato en Aragón por impulsarla gobierno en funciones

Zaragoza, 11 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que la orden dada por Jorge Azcón en abril de 2026 para el despliegue de la concertación general del Bachillerato presenta dudas en cuanto a su validez, porque fue impulsada por un gobierno en funciones, lo que da la razón a 17 entidades y asociaciones públicas que presentaron un recurso contra la misma y ordena la suspensión de su aplicación.

El 7 de abril de 2026, el Departamento de Educación de un gobierno en funciones, puesto que todavía no se había formado el ejecutivo tras las elecciones de febrero, informó de que iniciaría en el curso 2026-2027 el despliegue de la concertación del Bachillerato en una veintena de centros, con beneficio para unas 1.900 familias.

Entonces, 17 entidades (partidos, sindicatos o asociaciones de familias y vecinales) presentaron un recurso contra la orden, que ha derivado en esta pieza de medidas cautelares resuelta ahora por el TSJA, que el Departamento de Educación tiene cinco días para recurrir.

En su auto, el TSJA fundamenta la suspensión en el hecho de que la orden fue aprobada por un gobierno en funciones, una circunstancia que, a juicio de la mayoría de la Sala, quiebra "la presunción de acierto y validez" de la norma al poder generar compromisos económicos futuros sin que se hayan acreditado "razones de extraordinaria y urgente necesidad".

En todo caso, el TSJA no cuestiona el fondo de la concertación y reconoce que el hecho de que la orden fuera dada por un gobierno en funciones es "el único motivo de entidad" que encuentran los magistrados para suspender la norma. "La decisión de concertar el Bachillerato es una opción de planificación educativa de competencia autonómica", reconocen.

Las 17 organizaciones en representación de la escuela pública desde diferentes ámbitos consideran que el auto avala lo innecesario de la medida y han recordado en rueda de prensa que existen plazas en la red pública y en los centros que ya tienen concertada esta etapa, además de argumentar el descenso demográfico, unos recursos económicos finitos y las necesidades que persisten en los centros públicos. EFE