España pide al Supremo de EEUU que impida ejecutar laudos de renovables en ese país

Madrid, 9 jun (EFE).- El Gobierno español ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que declare que los tribunales del país no tienen jurisdicción para ejecutar los laudos arbitrales contrarios a España tras el cambio de normativa de energías renovables de 2013, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

El escrito del Gobierno español responde al registro que un grupo de acreedores ha hecho de una de las sentencias contrarias a España en tribunales federales ubicados en todas las jurisdicciones estadounidenses en las que España podría disputar partidos del Mundial de fútbol.

El evento se desarrollará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y un grupo de inversores liderados por el fondo Blasket ha registrado la sentencia en las sedes del Mundial donde España podría disputar sus partidos en caso de superar la fase de grupos.

La abundante documentación judicial a la que ha tenido acceso EFE revela que la deuda está ya registrada y por tanto es exigible ante los tribunales federales de Nueva York; Nueva Jersey; Massachusetts; Pensilvania; Georgia; Florida; Illinois; Tennessee; Texas y California, entre otros.

De superar la fase de grupos, España podría jugar en todos estos estados, por lo que el registro de la sentencia facilita a los inversores la localización de activos, incluyendo la emisión de notificaciones judiciales (subpoenas) a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España.

El pasado abril, una juez del distrito de Columbia rechazó el intento de España de bloquear a estos inversores, al entender que ha transcurrido un plazo razonable desde la condena sin que España haya procedido al pago ni haya aportado garantías, lo que habilita a los acreedores a iniciar medidas de embargo sobre activos del Estado español en territorio estadounidense.

Posteriormente, a finales de mayo, el Gobierno de Estados Unidos emitió un dictamen en el que recomienda al Tribunal Supremo de ese país que rechace definitivamente el recurso de España para eludir el pago de los laudos por el cambio normativo de las renovables.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indican que el registro de laudos de renovables "es únicamente formal", ya que cualquier intento de embargo de bienes españoles en EEUU requerirá un procedimiento en el que España podrá defender sus intereses.

Se trata de una maniobra para generar "ruido mediático", añade la misma fuente, que recuerda que la Federación Española de Fútbol es una entidad privada independiente del Estado y la operativa de la selección española de fútbol "debería ser ajena" a este pleito.

El Gobierno sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales "con notable éxito", y ha conseguido que las cantidades reconocidas en los laudos se hayan reducido más de un 80 % respecto a lo reclamado, añade el Ministerio.

España debe 2.316 millones de euros a las empresas afectadas por los recortes retroactivos de las primas renovables. De esta cifra, 552 millones se corresponden con los sobrecostes financieros y legales derivados de los impagos.

En paralelo a las actuaciones judiciales en Estados Unidos, el Tribunal de Distrito de La Haya decretó a finales de abril el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales. EFE