El empleo verde crece en España, pero exige una transición justa que no deje a nadie atrás

Raúl Gómez

Madrid, 6 jun (EFE).- La transición ecológica creará cientos de miles de empleos verdes en España durante los próximos años, aunque expertos y organizaciones sindicales insisten en que el balance positivo previsto solo será exitoso si se garantizan condiciones laborales dignas y se desarrolla de forma justa para trabajadores y territorios.

Instaladores de placas solares, técnicos de rehabilitación energética, especialistas en economía circular o gestores de huella de carbono son algunas de las profesiones llamadas a ganar protagonismo en un futuro a corto plazo, pero el concepto de empleo verde abarca mucho más que esto.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empleos verdes son "empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medioambiente, ya sea en los sectores tradicionales -como la industria y la construcción- o en nuevos sectores emergentes", como las energías renovables o la eficiencia energética.

En esta definición, la OIT hace especial alusión a la dimensión social del empleo verde, refiriéndose a que no solo debe ser sostenible ambientalmente, sino también asegurar "un salario justo, condiciones seguras, derechos laborales y protección social", ha explica a EFE la subdirectora del Área de Formación y Empleo Verde en Ecodes, Olga Calpe.

"Por ejemplo, los 'riders' pueden ser empleos verdes por movilidad sostenible, pero no entran dentro de ese modelo porque no tienen condiciones de calidad", ha apuntado el ambientólogo y coordinador técnico del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT, Manuel Riera.

Una de las principales dudas que surgen cada vez que hay una revolución en el mercado laboral, es el impacto que tendrá en los empleos ya existentes.

Las organizaciones sindicales asumen que se destruirán puestos de trabajo, pero aseguran que la transición traerá un "balance positivo".

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 estima que las medidas previstas generaron un aumento de unos 363.000 empleos en 2025 y que alcanzarán los 560.000 en 2030.

Pese a estos datos, sí que habrá sectores que sufrirán las consecuencias de la transición (como actividades ligadas a los combustibles fósiles o determinadas ramas de la automoción), aunque Calpe prefiere no referirse a ellos como "sectores castigados", sino como sectores "más expuestos a reconversión, pérdida de actividad o cambio acelerado de competencias".

"La automoción, por ejemplo, tendrá que adaptarse al vehículo eléctrico, a las baterías, a la recarga y a nuevos modelos de movilidad", ha puntualizado.

El problema según los expertos, no es que la transición ecológica vaya a destruir más empleo del que crea, sino que los nuevos empleos no siempre aparecerán en los mismos territorios, no requerirán las mismas competencias y no serán automáticamente accesibles para las mismas personas.

El objetivo principal -ha dicho Riera- es el de asegurar una "transición justa" en la que ningún trabajador, sector o territorio quede descolgado.

"Si se cierra una central térmica en León o Asturias y se pierden unos 3.000 empleos, generar 20.000 nuevos empleos verdes en Madrid no es algo justo. El balance general va a decir que es positivo, pero esta transición va a producir desigualdades sociales y territoriales, y eso es lo que tenemos que evitar", ha advertido.

La principal herramienta que tiene España en este proceso es el Instituto para la Transición Justa y los convenios que se firmaron para el cierre de minas de carbón (2018) y de centrales térmicas (2020).

Se trata de convenios territoriales, gracias a los cuales -según el ambientólogo- España se ha convertido en un "referente" en la transición hacia empleos verdes.

Sin embargo, desde UGT y demás organizaciones llevan tiempo reclamando la creación de un Observatorio de Transición Justa; un organismo que permitiría abarcar "todos los sectores" (más allá de las minas y centrales térmicas) y "cogobernar esta transición con más información, datos reales y coordinándolo con patronales, sindicatos y Gobierno".

"La transición será verdaderamente justa si, además de reducir emisiones, genera empleo de calidad, llega a los territorios que lo necesitan y permite que las personas con más dificultades también participen de las oportunidades que ofrece la economía verde", ha concluido Calpe. EFE