Madrid, 3 jun (EFE).- Varias madres de bebés robados han denunciado el silencio institucional sufrido durante décadas y la responsabilidad que ha recaído sobre ellas a la hora de investigar sobre sus descendientes: "A nuestros hijos los tendrían que buscar las personas que nos los quitaron", ha defendido una de ellas.
Lydia Acebo ha relatado la desaparición forzada de dos de sus hijos, uno en 1967 y otro en 1982, en el encuentro 'Desapariciones forzadas infantiles. Diálogo por la Justicia y el Cambio Legislativo. Voces desde las víctimas', organizado este miércoles por la Fundación Internacional Baltasar Garzón en Madrid.
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Esta madre ha descrito su experiencia como un camino "muy duro", lleno de lágrimas, "mucho dolor", desprecio y sentimiento de culpabilidad durante años por no haber podido hacer nada por sus hijos: "Eso me mataba en los sueños y las pesadillas que tenía", ha contado.
Además de este pesar, la víctima ha puesto el foco en la responsabilidad que recae en personas como ella para esclarecer los hechos o buscar a sus hijos ante la pasividad de las administraciones: "Tienes que aprender, que es muy duro, a buscar a nuestros hijos, cuando a nuestros hijos los tendrían que buscar las personas que nos los quitaron", ha reivindicado.
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En la jornada han participado otras víctimas -además de representantes de asociaciones, expertos jurídicos y actores internacionales- como la presidenta de SOS Bebés Robados Cataluña, Adelina Ruiz, a quien le sustrajeron sus dos hijas gemelas en 1980.
Adelina ha lamentado que, mientras otros países como Argentina, Guatemala o El Salvador ha avanzado en medidas de reparación para las víctimas, en España, tras más de 50 años de democracia, "no se ha hecho nada": "Aquí sigue habiendo unos tentáculos muy importantes y no se quiere investigar", ha afirmado.
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Historias, las de estas madres, con muchos elementos en común: manipulación psicológica por parte de médicos y otros facultativos durante el embarazo y el parto, anestesias suministradas en contra de su voluntad, información y documentación contradictoria e incluso un entierro en el que los padres sospecharon que la caja estaba vacía.
Relatos como el de la vicepresidenta de SOS Bebés Robados Cataluña, Ana Páez, quien ha denunciado haber "tocado todas las puertas" posibles durante siete legislaturas en Cataluña sin haber obtenido ninguna respuesta mientras ha soportado burlas y descrédito por parte de buena parte de la sociedad.
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"Ojalá hubiera visto que la hija que parí estaba muerta, que no me enseñaron ni a mí, ni a mi marido ni a nadie, y yo poder llorar y no estar aquí ahora", ha lamentado.
También ha participado en el encuentro la vicepresidenta del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Carmen Rosa Villa, quien ha lamentado que, a pesar del dolor y los daños sufridos por estas víctimas, "la falta de un marco legal integral" en España ha impedido que el Estado de una respuesta eficaz.
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Villa ha puesto en valor el papel de las madres víctimas de estas desapariciones forzadas como "las primeras investigadoras" y "defensoras de derechos humanos" y "las primeras en sostener las memorias", al cargar sobre sus hombros con "el trabajo que el Estado no ha hecho" cuando "las instituciones han fallado".
Los intervinientes han explicado que la Ley de Memoria Democrática en 2022 supuso un avance al reconocer como víctimas del franquismo a los niños robados pero aún existen grandes desafíos en cuanto a reconocimiento, esclarecimiento de la verdad y reparación toda vez que la proposición de una ley específica sigue pendiente de tramitación parlamentaria desde 2020.
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El proyecto legislativo incluye medidas clave como la creación de un registro nacional de víctimas, pruebas de ADN gratuitas, una unidad especial de investigación, el reconocimiento legal de la apropiación indebida de menores y la asistencia psicológica y legal gratuita a las familias. EFE
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