El Supremo cita como imputado el 15 de junio a un diputado de Sumar por presunta prevaricación cuando era alcalde

El Tribunal Supremo (TS) ha citado como investigado el próximo 15 de junio al diputado de Sumar en Comú Podem en el Congreso Félix Alonso Cantorné por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación directa de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona) entre los años 2011 y 2019.

En un auto que ha recogido Europa Press, el magistrado instructor de la Sala de lo Penal Vicente Magro ha acordado también citar ese mismo día a doce personas en calidad de testigos, entre ellos un inspector y un sargento de los Mossos d'Esquadra.

La Sala de lo Penal decidió el pasado mes de abril abrir causa a este diputado tras recibir una exposición razonada de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de la localidad tarraconense de El Vendrell, que había abierto diligencias previas por los hechos citados.

La investigación gira en torno a la contratación llevada a cabo por el consistorio del que era alcalde Cantorné --ahora aforado por su condición de diputado-- con empresas sin sujetarse, supuestamente, a la normativa debida.

A TRAVÉS DE CONTRATOS MENORES

A la vista de la información recibida, los magistrados de la Sala de lo Penal del TS indicaron que Cantorné, "presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad".

"Y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, en ocasiones, incluso, sin acudir a procedimiento alguno, con lo que, en principio, podemos considerar que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa", añadieron.

Los magistrados precisaron que no significa que limiten la instrucción a ese delito, porque "esa irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación".

Por ello, resolvieron que deben incoarse las oportunas diligencias de investigación "con la finalidad de confirmar, en su caso, ampliar la existencia de los indicios que se han venido indicando, como de descartarlos, si ese fuere el resultado de la investigación".