Un juzgado autoriza el desalojo forzoso de los 80 residentes de la antigua prisión, que se ejecutará este junio

Un juzgado de Palma ha autorizado la entrada y desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua prisión de la ciudad que, previsiblemente, se ejecutará este mes de junio.

Así lo ha informado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa este martes para dar cuenta del auto judicial dictado el pasado viernes, después que el Ayuntamiento solicitara este desalojo para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.

Ahora, ha explicado Martínez, este miércoles se dará cuenta en la Junta de Gobierno del auto judicial y, este jueves, se convocará una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para planificar, coordinar y establecer una fecha para el desalojo.

Martínez no ha concretado en qué fecha podría ejecutarse el desalojo forzoso, aunque ha subrayado que está en contacto con la Delegación del Gobierno.

El primer edil ha puesto en valor que la resolución del juez se dictó el mismo día que Cort hizo la solicitud, en concreto, cuatro horas más tarde, y que, a su entender, "da la razón en todos y cada uno de los puntos del expediente".

Además, ha señalado que la resolución destaca que los informes sociales acreditan que no se ha identificado en la antigua cárcel a ningún menor y tampoco a víctimas de violencia de genero.

El auto, facilitado por el Ayuntamiento, señala la necesidad de del desalojo, teniendo en cuenta el "mal estado de salubridad" en el que se encuentran los residentes, tal y como se desprende de informes de la Policía Local, del Servicio contra Incendios y Salvamento y autoridades sanitarias.

Estos informes, continúa la resolución judicial, ponen de manifiesto la existencia de un "riesgo real, grave y actual" para la vida e integridad física de las personas que residen en el inmueble, una estructura que "dificulta" la evacuación y un "alto riesgo" de incendio.

El auto judicial también subraya que el Ayuntamiento ha informado, valorado y ofrecido a los residentes el acceso a los distintos recursos de los servicios sociales y que la medida de desalojo forzoso es "necesaria, adecuada y proporcionada".

Por otro lado, el alcalde ha destacado que los servicios sociales municipales seguirán informando y a disposición de las personas que no han abandonado el inmueble de forma voluntaria.

Según ha indicado, de las más de 200 personas que había en febrero, la "gran mayoría" de las 140 personas que han abandonado la cárcel se han ido de Palma, mientras que otras 45 han accedido a recursos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene constancia de estas personas se hayan desplazado a otros asentamientos o edificios de la capital.

El Área de Infraestructuras está trabajando para cerrar los accesos a la antigua cárcel una vez se haya ejecutado el desalojo forzoso. También se instalará videovigilancia y habrá presencia de la Policía Local para evitar nuevas entradas, ha añadido el alcalde.